Multa al Alcalde de Alvarado por desacato a fallo de una acción popular

El alcalde de Alvarado, Henrry Herrera Viña, deberá pagar una multa de $908.526 equivalente a un salario mínimo y de su propio bolsillo por incumplir el fallo de una acción popular de 2011.

Según el Tribunal Administrativo, la acción del Alcalde ha sido "negligente" al punto de desconocer su administración el fallo judicial del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué.

En dicha providencia se ordenó al Municipio a que en un plazo de 18 meses contratara la formulación de los diseños y se designaran las partidas presupuestales para la construcción del sistema de colectores en el perímetro urbano.

El Fondo de Adaptación contrató con la firma Estudios Técnicos (ETSA) en 2015 la elaboración de los diseños y que fueron actualizados un año después.

En 2018 la Alcaldía informó al juzgado que se estaba gestionando la cofinanciación del proyecto cuyo presupuesto total se estimaba en $1.700 millones. El Municipio solo contaba con un presupuesto de $623 millones.

"Si bien desde el año 2015 se cuenta con los estudios y diseños para el proyecto de rehabilitación del sistema de alcantarillado de aguas lluvias del casco urbano de la entidad territorial, a la fecha no se han materializado las obras en tal sentido; tampoco se advierte gestión alguna por parte del actual burgomaestre Henry Herrera Viña sobre el particular", dijo el Tribunal.

Un silencio cómplice

El Tribunal Administrativo requirió al alcalde Herrera para que presentara al despacho toda la información que permitiera demostrar el cumplimiento del fallo judicial y a lo cual guardó silencio.

Para la sala, el no contar con colectores de aguas lluvias conlleva, entre otras situaciones, al empozamiento de aguas que genera criadero de insectos y el detrimento de las vías, lo que justamente se buscó mitigar con la acción popular.

"Es claro que confluye responsabilidad en cabeza del representante legal del Municipio de Alvarado pues es diáfana su negligencia en la ejecución de las labores que le fueron encomendadas (...) por eso se exhortará al referido funcionario para que, de una buena vez, sin más dilaciones, la acate de manera integral, pues no resulta comprensible que, trascurrida más de una década de la existencia de la decisión, aún no haya sido posible su materialización", concluyó el Tribunal.