Exfuncionarios de la Secretaría de Salud del Tolima a responder por pagos indebidos a través de convenio 

La Contraloría General imputó cargos fiscales en contra de la exsecretaria de Salud del Tolima Sandra Liliana Torres y cinco exfuncionarios más por el pago irregular de $476.462.883 a la IPS Fundasalud, bajo la ejecución del convenio 637 de 2016. (Ver: Descubren ‘triangulación’ de recursos en la Secretaría de Salud del Tolima)

La decisión involucra al actual gerente del Federico Lleras, Luis Eduardo González, quien estuvo a cargo de la supervisión del convenio. Además, a la exgerente del Hospital de Chaparral Ángela Maritza López. 

La exdirectiva subcontrató con Fundasalud IPS el hacer campañas y brigadas de salud para prevenir el contagio del Zika y el Chikunguña en 11 municipios del Tolima. (Ver: A través de pagos indebidos, ‘desparecieron’ $718 millones en la Secretaría de Salud del Tolima)

Sin embargo, los dineros de este convenio se desviaron, ya que se legalizaron con facturas por servicios que no fueron prestados. 

De esta manera, se invirtieron $142 millones en el pago de transporte y la recolección de inservibles que no fueron ejecutados. De igual manera, para el traslado de personal de salud a los distintos municipios, por igual valor, que tampoco fueron acreditados. 

Una 'triangulación' fallida

La Contraloría determinó que no había justificación para que la Gobernación del Tolima hubiese contratado dicho servicio de manera directa con el Hospital San Juan Bautista de Chaparral, pues no contaba con la capacidad operativa para ejecutar las actividades contratadas en los municipios que distan entre una y siete horas de distancia, y lo que en la práctica conllevó al incumplimiento del convenio. 

Además, teniendo el hospital, la obligación de ejecutar directamente el contrato no podía subcontratar con un tercero, es decir, con Fundsalud el desarrollo de las actividades. 

"Siendo la contratación directa un mecanismo restrictivo bajo circunstancias especiales, cuando el hospital San Juan Bautista subcontrata con un tercero que no hace parte de la administración pública y eso es avalado, aceptado, permitido o consentido por la Secretaría de Salud de Tolima, no solo se está eludiendo el sistema de contratación sino que los recursos que se destinaron para las actividades de salud se están diluyendo en costos administrativos que ni siquiera están pactados en el contrato 637", señala el auto de imputación fiscal. 

Las responsabilidades 

El órgano de control precisó que en el caso de Torres Díaz fue esta quien suscribió los estudios previos del convenio 637 de 2016, dipuso la contratación directa y designó al supervisor del convenio. (Ver: Vea quién es la primera secretaria de despacho que escogió Óscar Barreto)

Además,  autorizó los pagos y la adición de recursos al convenio con base en los informes de actividades presentados por el contratista y avalados por la supervisión. 

De igual manera, permitió la subcontratación y lo cual no debió haber hecho ya que incrementó el costo del servicio, además que la idoneidad evaluada fue la del Hospital de Chaparral y no la de Fundasalud. 

"Estas conductas de Sandra Liliana Torres Díaz se encuadran perfectamente en la calificación de culpa grave, pues sus actuaciones como gestor fiscal se ciñeron al campo de omisiones y negligencias por falta de cuidado y diligencia en el manejo de los recursos estatales", se añadió. 

En cuanto a González, en calidad de supervisor, se le reprocha el haber autorizado el pago de cerca de $270 millones y no ejercer control y seguimiento en el desarollo de las actividades de promoción y prevención. 

Y por último, en cuanto a la exgerente del Hospital de Chaparral se le reprocha el haber permitido que se dilapidaran los recursos de la salud  y el haber suscrito el convenio sin tener la capacidad operativa para su ejecución.