Descubren irregularidades en contratación de la Gobernación del Tolima

La Contraloría General de la República encontró irregularidades en la compra de kits para niños y niñas de Educación Inclusiva.

Así lo informó una auditoría sobre el manejo de los recursos transferidos al Gobierno Departamental, correspondientes al Sistema General de Participaciones, SGP, para el 2022. 

Entre las fallas detectadas estuvo un contrato que hizo la Secretaría de Educación del Tolima por $1.242 millones para la compra de kits para niños y niñas de Educación Inclusiva - Necesidades Educativas Especiales, fue recibido incompleto. A pesar del faltante se pagó en su totalidad.

En este caso se considera que hubo un detrimento patrimonial de $266 millones, porque los kits fueron entregados “con un contenido inferior a lo pactado”, se precisa en el informe. 

Igualmente, se especifica que, por ejemplo, se adquirieron cinco alfabetos táctiles en braile y solo se recibieron tres, también se contrató un kit de 10 pizarras con punzón (braile) y solo se obtuvieron tres.

De la misma forma, de 10 loterías en lenguaje de señas el operador entregó tres, incluso hubo elementos que no se obtuvieron.

Sin embargo, de acuerdo a la supervisión, el inventario fue recibido sin reparos.  

Para el ente de control hubo falta de control y seguimiento por parte de la supervisión del contrato y “una incorrecta decisión del operador al cobrar la totalidad del precio pactado sin el cumplimiento pleno del objeto contractual”, se describe en el informe de auditoría. 

En medio del proceso, la Secretaría de Educación Departamental argumentó en su defensa que el operador se comprometió a entregar 52 ítems adicionales, por lo que el compromiso fue que una vez se recibieran se trasladarían a las instituciones educativas.  

Asimismo, sostiene que no hay detrimento patrimonial y afirma que los “145 kits se entregaron y cumplieron con las condiciones pedagógicas que se establecieron (...) cabe aclarar que como se evidencia en las actas de entrega, el material llegó a las 145 instituciones educativas así faltaran algunos elementos”. 

A pesar de la respuesta, la CGR mantuvo el hallazgo porque consideró que se vulneró el derecho fundamental a la educación de la población con discapacidad (auditiva, visual y cognitiva), capacidades y talentos excepciones, toda vez que no se contó con las herramientas y el material fundamental para el proceso pedagógico. 

Otro de los llamados de atención a la Secretaría fue que en 2022 la población con necesidades educativas especiales en el departamento, no fue atendida de manera oportuna y eficaz en cuanto al acompañamiento pedagógico con personal especializado en discapacidad visual, cognitiva o auditiva.  

“La contratación realizada no cubrió la totalidad de esta población ni todo el periodo lectivo según calendario escolar”, además en ese año tampoco se contó con un diagnóstico actualizado de la población con necesidades educativas especiales. 

En la respuesta de la Secretaría ante los cuestionamientos de la CGR, da a entender que los recursos del Ministerio de Educación no cubren toda la vigencia y que varios de los estudiantes están atendidos por la psicorientadora de la institución y docentes formados para atender población con discapacidad.

Mientras que los menores con discapacidades avanzadas son atendidos en centros especializados. 

No obstante, la Contraloría señaló que los diferentes hechos advierten deficiencias que “afectan o perturban injustificadamente un servicio público esencial, como es la Educación de la Población con Necesidades Educativas Especiales, al entregar kits incompletos, no cubrir toda la población y no tener diagnósticos actualizados”.