Jaramillo deberá explicar en qué gastará $5 billones de presupuesto para la salud
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue llamado a rendir cuentas por la Procuraduría General de la Nación para que explique en qué gastará $5.048.297.730.000, cifra que hace parte de los dineros destinados a la salud de los colombianos para el 2024.
Jaramillo deberá entregar un informe detallado en el que tendrá que dar a conocer cuáles han sido los programas de desarrollo de la salud implementados en el país y el seguimiento que su cartera les ha hecho.
“En atención a los principios presupuestales, se solicita remitir información en los siguientes términos: identificar los proyectos aprobados y relacionar los proyectos y/o subproyectos a los que se van a asignar los recursos por más de 5 billones de pesos, y remitir la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (empresas sociales del Estado beneficiadas)”, pidió la Procuraduría.
El ente de control también le pidió explicar qué ha pasado con el presupuesto del Plan Nacional de Salud Rural, que corresponde a más de $13.000 millones.
Lo mismo aplica para unos recursos que ascienden a $1.871.459.224.293 y por los cuales le piden a Jaramillo detallar en qué consisten cada uno de los planes, programas o proyectos presentados, su fundamento jurídico, la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (ESE).
Algunos de esos proyectos son: recuperación y fortalecimiento de infraestructura y centros de atención primaria; acceso equitativo a medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías; prevención y protección para poblaciones vulnerables desde un enfoque diferencial, entre otros.
“Igualmente, se solicita informar si existen otros rubros con los cuales se tenga presupuestado financiar o cofinanciar proyectos remitidos por las entidades territoriales y/o las ESE relacionados con transporte, asistencias, dotación hospitalaria e infraestructura en salud, conformación y operación de equipos básicos de salud y pago de acreencias (obligaciones laborales, honorarios, créditos judiciales”, concluyó la Procuraduría.