Envían a la cárcel a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y lanza ataque contra Laura Sarabia
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La exconsejera presidencial Sandra Ortiz fue enviada a prisión por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y, antes de ser arrestada por la Policía, reveló que detrás de su judicialización está la poderosa Laura Sarabia, Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
“Esa persona tiene mucho poder y está al lado del Presidente. Ella fue la que armó este complot, señora juez. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de Presidencia, sino con la procuradora, con todos los entes más poderosos y las cabezas más poderosas”, aseguró Ortiz, quien habría sido la mensajera que transportó los $4.000 millones para sobornar a los expresidentes de la Cámara y el Senado, Andrés Calle e Iván Name, respectivamente.
La exconsejera dice que teme por su vida y aseguró que su camioneta personal apareció recientemente con su sistema de frenos manipulados, al parecer, para provocarle un accidente. Estos hechos fueron pues en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Tras los graves señalamientos, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dijo que no tiene nada qué ver en este escándalo.
“Es una historia fantasiosa, es una historia que no tiene pruebas y que hoy realmente lo que conoce el país es una historia real y muy dolorosa. Es lo único que le puedo manifestar y, como lo mencioné, pues realmente el que las hace se las imagina y mi única o lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria pública”, expresó Sarabia al término de una ceremonia en la que condecorada por el presidente Gustavo Petro.
Al final de la tarde, la juez Tercera Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá ratificó su decisión de privar de la libertad a Sandra Ortiz, pero aceptó su solicitud de protección.
La exconsejera estará a disposición de la Policía Nacional mientras se define el sitio de su detención.
Podría ser en una guarnición militar o una cárcel que pueda garantizar la vida y la seguridad de la dirigente política boyacense, militante del partido Alianza Verde.
