Revelan detalles del operativo sancionatorio contra el Centro Comercial La Quinta por usar pólvora sin permiso

El secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, entregó nuevos detalles del operativo sancionatorio que se adelantó contra el Centro Comercial La Quinta el pasado viernes y que estableció el cierre del parqueadero durante todo el fin de semana.

De acuerdo con el funcionario, la administradora del establecimiento, Luz Esther Orjuela Trujillo, se culpó por todo lo ocurrido y aseguró que los propietarios de los locales no tuvieron nada que ver con el espectáculo de fuegos artificiales que se llevó a cabo en dichas instalaciones.

Incluso, la mujer manifestó que fue ella quien decidió realizar el show de juegos pirotécnicos porque alguien le regaló el material y quiso utilizarlo.

“No se iban a realizar los juegos pirotécnicos, pero alguien me los regaló y los acepté. El incumplimiento sé que es un error, pero no quise perjudicar a la ciudadanía y mucho menos a los animales que son perjudicados por la actividad, la actividad se realizó por que me dieron el plus de que me regalaron la pólvora y la acepté”, manifestó la ciudadana.

“Pido excusas por lo que se realizó y podemos seguir teniendo una buena relación con la policía y administración para servirles”, añadió en su declaración ante el comandante de la Policía Estación Centro.  

Al respecto, Restrepo señaló que esta no es la primera vez que Orjuela Trujillo actúa de tal manera. Según él, en los nueve años que lleva ejerciendo ese cargo nunca ha solicitado autorización para la realización de espectáculos de esta naturaleza.

“Esto debe ser rechazado en forma contundente por copropietarios, arrendatarios y consejo de administración del centro comercial, toda vez que, estas actuaciones van en contravía del ordenamiento jurídico y no deben ser el comportamiento de tan importante establecimiento de la ciudad, sin dejar de lado, además, la responsabilidad que asumen por solidaridad, frente a este tipo de decisiones inconsultas por parte de la administración”, aseveró el funcionario.

Entre tanto, precisó que el parqueadero no fue cerrado en su totalidad, pues se permitió el retiro de los vehículos durante el transcurso de la noche, así como el ingreso y salida de un vehículo tipo ambulancia que tiene base allí, y de las motocicletas del personal que presta el servicio de vigilancia.

Igualmente, aclaró que la sanción solo afectó al estacionamiento para no perjudicar la economía de los copropietarios y/o arrendatarios, quienes supuestamente desconocían lo ocurrido. 

“El comandante sí fue claro en informarle que el desacato a la orden de Policía configura el tipo penal de fraude a resolución administrativa de Policía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 150 parágrafo y 224 de la Ley 1801 de 2016, concordante con el artículo 454 del Código Penal, Ley 599 de 2000”, concluyó el Secretario.