Centro Regional de Víctimas en el Tolima se convertiría en un nuevo 'elefante blanco'
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La construcción del Centro Regional para la atención de las Víctimas del conflicto armado en el Tolima continúa en el limbo, pues a pesar que la Alcaldía de Ibagué a través de la resolución 0014 del pasado 11 de marzo ordenó de manera unilateral el reinicio de las obras, el Consorcio Betar se niega a ejecutar el proyecto.
Lo anterior, hasta que el Municipio reconozca la adición del contrato por $687 millones y el nuevo cronograma de obra.
El proyecto fue adjudicado en abril de 2019 durante el gobierno del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, con un plazo de ejecución de ocho meses a partir de la firma del acta de inicio.
La obra debía ser entregada en febrero del año pasado, sin embargo, el contratista incumplió. La interventoría del proyecto, Unión Temporal Int, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social en enero de 2020 multar al contratista al no contar con el personal mínimo requerido en la obra y el evidente atraso en la ejecución del proyecto.
Para dicha época, el retraso era del 70 % con respecto al cronograma de obra presentado por el contratista.
No obstante, la Secretaría de Desarrollo Social decidió prorrogar el contrato tres meses y medio, pero infortunadamente la obra debió ser suspendida el 20 de marzo del año pasado en razón a la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus.
Según informe del supervisor del contrato, Diego Fernando Herrán Triana, se han realizado cinco mesas de trabajo con el contratista para pactar el reinicio de las obras de forma bilateral, pero el consorcio se ha negado rotundamente hasta tanto el Municipio no acepte las pretensiones económicas presentadas.
El Consorcio Betar espera que el Municipio asuma los costos para la implementación de los protocolos de bioseguridad a raíz de la pandemia, al igual, que se actualicen los precios del contrato debido al cambio de vigencia fiscal.
Proceso sancionatorio a paso lento
La Alcaldía de Ibagué inició proceso de incumplimiento en contra del Consorcio Betar, audiencias que han sido suspendidas en varias oportunidades por requerimientos del mismo.
El contratista argumenta falta de planeación por parte del Municipio en cuanto a faltantes a los diseños, problemas hidrosanitarios y la obtención de permisos ambientales, que derivaron en atrasos en la ejecución de la obra.
De igual manera, violación al debido proceso, esto en razón al reinicio unilateral de la obra ordenado el primero de octubre del año pasado y confirmado mediante la resolución 0014 de 2021.
Según el supervisor del contrato, Diego Fernado Herán, no habido dilación en el proceso de incumplimiento. Pues se han surtido las etapas y por ende se han celebrado las audiencias.
“La dinámica del proceso administrativo ha generado que suspenda la audiencia en diversas oportunidades, con ocasión a solicitud de las partes y en vista a garantizar el debido proceso se han generado, lo cual no se puede ver como una dilación por parte de la administración municipal”, concluyó.
Es de destacar que la posición de la Unidad Nacional de Víctimas es de continuar con la ejecución del contrato y finiquitar el proyecto.
La Alcaldía de Ibagué solo ha desembolsado al consorcio $177 millones que corresponde al 14.16 % del presupuesto y que asciende a los $1.791 millones.
