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En mi último artículo, y con el mismo nombre del presente, publiqué lo ocurrido en el primer proceso administrativo de incumplimiento llevado a cabo en contra del contratista de la obra del Parque Deportivo y del posible favorecimiento de la Procuraduría Regional del Tolima, en el trámite de la recusación interpuesta en contra del actual Alcalde de Ibagué y la Gerente del Imdri, cuestión que actualmente es investigada por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación. (Ver: Batallas silenciosas Juegos Nacionales parte I)
El presente escrito contiene la segunda parte de mi disertación. Me parece conveniente leer de corrido ambos artículos para una mejor comprensión de la trazabilidad de las acciones emprendidas frente al desfalco de los Juegos Nacionales y Paranacionales.
Entrando en materia, ante el contubernio entre los contratistas de obra con la interventoría y, la incertidumbre de si lo poco construido cumplía con la normatividad técnica que garantizara la vida e integridad física de los futuros usuarios de los escenarios, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, decidió desplegar diversos frentes de acción: (i) sanciones por incumplimientos (ii) denuncias (iii) peritaje técnico y (iv) liquidaciones unilaterales de los contratos (v) selección de consultores para el ajuste a los diseños.
Sobre las sanciones de incumplimiento (i), el Imdri a través del procedimiento administrativo regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, logró sancionar con una multa por valor de $1.198.689.910 al Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015, integrado por las empresas colombo-españolas Ortiz Construcciones y Proyectos S.A, Triventi Ingeniería S.A.S, y Diseño e Ingeniería Especializada S.A.S.
De igual forma, el Instituto impuso la cláusula penal pecuniaria por valor de $965.365.357 al interventor Consorcio Juegos Nacionales conformado por las empresas colombo-españolas LKS Colombia S.A.S y Diego Fonseca Chaves.
Por su parte, también decretó una sanción por valor de $14.210.735,653 al contratista de obra Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015, conformada por las firmas Vera Construcciones Sucursal Colombia, Construcciones y Obras de Ingeniería Civil y el Arq. Benjamín Herrera.
Dentro de las denuncias (ii) más graves instauradas por el Alcalde de Ibagué en la Fiscalía General de la Nación, se encuentra la de Jorge Alexander Pérez Torres alias ‘el Chatarrero’, quien trajo a las empresas del Parque Deportivo para que se quedaran con ese contrato, hecho delictivo que fue confesado por el español Juan Ramón Hernández en diligencia llevada a cabo ante el procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, Carlos Augusto Mesa.
También denunció que el contratista de la obra del Parque Deportivo, realizó un cambio al diseño de estructura de concreto por metálica sin que contara con autorización previa de la entidad y de la curaduría, la cual le fue pagada sin estar ejecutada.
Esta denuncia guarda relación con lo evidenciado en la página 18 de la sentencia condenatoria de primera instancia proferida en contra de Orlando Arciniegas, en la cual, el exrepresentante legal de Typsa, Luis Rodrigo Uribe, manifestó: “que los constructores del Parque Deportivo, señores Juan Ramón Hernández, Jaime Rivera, y Juan Carlos Munera, fueron a su despacho de parte del Dr. Arciniegas y le propusieron que cambiara la estructura de hormigón por estructura metálica, ya que al parecer uno de ellos tiene una fábrica de ese tipo de estructuras. Refiere que los constructores han tratado de pasar al Imdri y a la interventoría unas cuentas de precios mucho más costosos de lo que marca el mercado, para sacar más dinero al Imdri.”
En cuanto a las irregularidades detectadas por el peritaje y sobre las liquidaciones unilaterales de los contratos, será materia de la tercera parte de este escrito.
PD: Actualmente no existe ninguna imputación por las denuncias del Parque Deportivo, esperamos y creemos que la Fiscalía próximamente mostrará los resultados de dichas denuncias.
