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La reciente consecución e implementación del nuevo acuerdo de paz con las Farc, considerado por muchos como el aparente fin del mayor problema que impedía el progreso del país, tras más de 50 años de conflicto, se ha visto empañado con los recientes escándalos de corrupción que minan e impregnan los procesos de contratación pública.
Tal ha sido el caso de las contrataciones direccionadas a través de millonarios sobornos por empresas multinacionales como Odebrecht, y sin ir tan lejos, en Ibagué, el pago de dádivas por la firma internacional Typsa a funcionarios de la anterior administración municipal para ser beneficiaria de la adjudicación del contrato de los diseños de los XX Juegos Deportivos Nacionales, por los cuales, se han visto y se verán involucrados otras dignidades políticas de la ciudad.
Este fenómeno, ha conllevado al replanteamiento de las estrategias políticas para las próximas elecciones presidenciales, ya que las campañas no se caracterizarán por el eslogan de lucha contra los grupos insurgentes, sino por la premisa del inicio de una nueva batalla contra la corrupción, reconociendo así la opinión pública y los mismos partidos, que en este problema socio-político radica la verdadera génesis del atraso y las inacabables problemáticas sociales.
Así lo reveló un reciente informe de la Procuraduría General de la Nación, el cual afirma que: este flagelo anualmente genera efectos económicos adversos al país de $ 22 billones, sin que a la fecha se tenga un informe estadístico que muestre el número de pérdidas humanas que ocasiona esta perversión del actuar del hombre, que muy seguramente serían cifras de mortandad superiores a las que dejó el conflicto armado con la guerrilla.
Sin embargo, pocos candidatos presidenciales, por no decir ninguno, ofrecerá una fórmula efectiva que permita erradicar este fenómeno que irradia las esferas pública y privada, en razón a que siempre se ha creído equívocamente que la corrupción es un problema que se ha de atacar por medio de la creación de Leyes o reglamentaciones coercitivas.
Es por esto, que en nuestra legislación existe un exacerbo de normas exclusivamente encaminadas a robustecer los mecanismos de sanción de actos de corrupción como la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Ley 1778 del 2016 contra el soborno transnacional, entre muchas otras. Bajo esta desacertada concepción, recientemente, la Ing. Diana Espinosa, presidenta de la SCI, manifestó que una solución sería la estandarización de “pliegos de condiciones tipo”, para que se impida el direccionamiento de los contratos.
Incluso, últimamente se creó el Decreto 092 del 2017 con el propósito de prevenir que se siguiera la contratación “ a dedo” a través de entidades sin ánimo de lucro, y también, se ha dado inicio hace poco al trámite del proyecto de Ley 084/16S, que tiene como objeto combatir la corrupción en la contratación pública.
Pero como bien lo decía el historiador Tácito de la antigua Roma, “cuánto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”, no siendo entonces, la corrupción un problema que se trate o solucione a través de la técnica legislativa, ni mucho menos con la estructuración y reformulación de documentos contractuales tipo.
Lo anterior, me lleva a afirmar que a los Colombianos nos ha pasado como “el hombre que descubre a su mujer con el amante en el sofá, y para solucionar el problema decide vender el sofá”, pues ciertamente la corrupción es un problema de carencia de valores debido a la deficiente capacitación y desinterés de padres y docentes por la enseñanza y el manejo de temas referentes a la ética, principios y valores.
Deficiencia que es consecuencia de una pobre destinación de los recursos públicos para la capacitación de los docentes y el mejoramiento de la infraestructura y la calidad educativa.
Sólo cuando exista una verdadera formación en valores, será cuando realmente se erradique la corrupción, y solo así nuestro actuar , como colombianos, ya no estará tentado a buscarle la trampa a las Leyes hechas por el Congreso, sino que se direccionará a un actuar decidido al cumplimiento de una Ley moral o ética de la intención, como así fuese formulada por el filósofo Immanuel Kant, según la cual, éticamente el hombre siempre debe actuar de modo que al mismo tiempo desee que la regla según la cual actúa pueda convertirse en una ley general.
La anterior conclusión, me permite tener esperanza en Ibagué, y entender por qué el alcalde Jaramillo le dio prioridad a la educación en el Plan de Desarrollo de la ciudad, destinando así el gasto público social para el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación y de la infraestructura educativa, que esencialmente deberá ir acompañada en la formación de ética y valores.
Este enfoque en la educación, hará que en un futuro Ibagué sea un referente de transparencia y progreso al contar con un modelo de educativo capaz de formar ciudadanos éticos, provistos de una escala de valores que contribuya al servicio y desarrollo de la sociedad.
