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A propósito de la “crisis diplomática” con Venezuela a raíz de la “visita” fallida de los ex presidentes de Méjico, Chile y Colombia a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde en Caracas, el portal La Silla Vacía abrió su foro de debate con una pregunta que ilustra de manera clara el sentimiento de “responsabilidad” que, de acuerdo con el consenso de las élites, nos tiene que asistir a todos los colombianos con respecto a la situación del vecino país:
“¿Debería Santos hacer algo frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela?”.
Leo y releo la pregunta y no me logro convencer de que no es un contrasentido. Qué es acaso lo que debería hacer - pregunto - el Presidente de un país cuya historia es la de la imposición de un orden social sostenido por la violencia, cuya tradición ha sido pisotear los derechos humanos, o en términos de María Victoria Uribe: Matar, rematar y contramatar.
Le asiste razón a alguien que alguna vez escribió en otro foro, pero esta vez de El Espectador, que en Colombia “[E]stán con el estiércol hasta el cuello y siguen con la pose de gente digna. Han vivido tanto tiempo tras la mentira y la simulación que terminan creyéndola”.
La misma Maria Victoria respondió a la pregunta de LSV con una soberana pregunta: ¿Debería Correa hacer algo frente a las violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia? O será que acá ya no se cometen violaciones a los derechos humanos, pregunto.
La democracia colombiana es el resultado de dos ecuaciones históricas: el genocidio y el despojo. El primero político y el segundo económico. Las ciencias sociales, la literatura y el cine, lo han registrado de manera casi obsesiva, descubriéndonos como una sociedad cuya incapacidad de negociar y tramitar los conflictos, la ha batido entre los vejámenes más terribles.
Luego, ¿Cuál es el rasero con el que vamos a juzgar al vecino? No es en Venezuela en donde coexisten los más altos niveles de desigualdad, inmovilidad social, pobreza y concertación de la tierra de América Latina, y tampoco es la historia de ese país la que cuenta en sus anales la masacre sistemática de miles de militantes de un partido político, tampoco el desplazamiento forzado de más de cinco millones de sus compatriotas en su propio territorio.
Con una viga tan grande en el ojo difícilmente se puede mirar con claridad.
Irónicamente, mientras los medios de comunicación y algunos políticos se rasgaban las vestiduras por los derechos humanos en Venezuela esta semana, en Cali, los niños Emberá-chamí se morían por la desnutrición; en Bogotá, un joven de 30 años era ultimado, al parecer, por su liderazgo político en el movimiento social, al tiempo que se cometía un nuevo feminicidio (en lo corrido de 2014, 900 mujeres fueron asesinadas, 24 a manos de integrantes de la fuerza pública); en Buenaventura, allá donde quedan las tristemente célebres “casas de pique” - a propósito, ¿En Venezuela habrá casas en donde se torture y desmembre a las personas? Esa sería una razón de peso para una nueva “visita” humanitaria - encontraban nuevas fosas comunes, ya no en zona rural, sino en los mismos barrios, en donde vive la gente.
Hoy mismo, Human Rights Watch, la ONG que ha denunciado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y cuyos argumentos esgrimen los ex presidentes y los periodistas que nos exigen compromiso con la causa de la democracia, registró en su informe anual que en Colombia se siguen presentando casos de “Falsos positivos”, que desde el 2002 hasta 2014 superan los 4500, un techo que no tocaron ni siquiera las dictaduras del cono sur. (Ver pág. 167)
De inmediato y con la vehemencia que lo caracteriza, el Ministro de la Defensa rechazó las aseveraciones de la ONG, porque, en su criterio, “[N]o es aceptable que haya difamación y mentiras que pretendan menoscabar una gestión transparente y comprometida con el estado de Derecho, la Constitución y el pueblo colombiano”.
Escuché hablar de la misma manera al Presidente Maduro en el encuentro de la CELAC, exigiendo a voz en cuello que ya nadie interfiera en los asuntos de su país.
Al final: con la llegada de la “venezolanóloga” Claudia Gurisatti a la dirección de Noticias RCN, sí que es cierto que la “defensa de los derechos humanos” (en Venezuela) será asumida con deber no conocido.
*Secretario Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU Tolima
@andresconsuerte
[email protected]
