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El reciente libro de Dejusticia: “La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo” demuestra de manera inequívoca que los problemas asociados a las industrias extractivas, como la explotación convencional y no convencional de gas y petróleo, la minería a gran escala, las hidroeléctricas y los monocultivos, van mucho más allá de sus perversos efectos ambientales.
La tesis central parte del argumento de que si la guerra colombiana ha estado vinculada al medio ambiente, “las posibilidades de una paz duradera también lo están”. En ese sentido, el punto de partida del documento es que no puede haber paz territorial sin paz ambiental.
Los mayores desafíos asociados a la protección del medio ambiente en el posacuerdo tienen que ver con cuatro asuntos (segunda sección del libro): los usos del territorio, el desarrollo económico, el fortalecimiento institucional y la protección de la democracia ambiental.
De manera que cuando afirmamos que el 26 de marzo nos jugamos la vida en la consulta popular de Cajamarca, no solamente nos referimos a la vida ambiental de la región, sino a la vida económica del país, a la legitimidad del régimen político, y a las condiciones de posibilidad de construir una paz “estable y duradera”, por varias razones:
- La alta dependencia de la producción y exportación de materias primas es muy inestable para el desarrollo del país, y puede poner en vilo los proyectos e inversiones requeridas para el posacuerdo.
La afirmación refiere a la súbita e intempestiva baja de los precios del petróleo, sobre lo cual tenemos nula capacidad de maniobra.
Según el PNUD, citado por Dejusticia, con una reducción significativa “se perderían hasta seis años de progreso en la mejora de algunos indicadores sociales y económicos, como el nivel de pobreza y el tamaño de la clase media; se reduciría el crecimiento del PIB en un 13% para el 2021 y la inflación subiría 1,8 % anualmente. El desempleo volvería a niveles del 12 % y la tasa de pobreza alcanzaría el 31 % en el 2021, lo que implica perder 6 años de lucha contra la pobreza” (p. 68), todo lo cual ya se evidencia con los precios actuales.
Lo anterior lo constatan las cifras de la reciente encuesta del Dane sobre pobreza y desigualdad, y las del desempleo y la inflación, la más alta en los últimos 7 años.
- Los beneficios de las industrias extractivas son menos optimistas de lo esperado.
La participación de estas industrias en el empleo nacional es marginal. Con cifras del Dane, se demuestra que en sus mejores tiempos, el sector de minería e hidrocarburos solo representó el 1,2% del empleo total del país.
Por otro lado, el estudio revela que la minería, en lugar de contribuir a aliviar la pobreza, la profundiza. Esto es ratificado por la Contraloría General de la República, al referirse a la “tragedia” que viven los municipios donde se vienen explotando los recursos mineros del país:
“[c]onviven con una actividad generadora de riqueza que es apropiada por los propietarios de las empresas mineras, con muy baja participación de los trabajadores de estas empresas, y con indicadores de pobreza y de falta de oportunidades que reflejan el escaso desarrollo institucional” (p. 69).
Basados en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la misma Contraloría determinó que todos los departamentos “mineros” de Colombia, con excepción de Antioquia, “muestran niveles de pobreza mayores al promedio nacional”.
- Si bien estos sectores (petróleo, minería, represas…) generan grandes cantidades de recursos, pocos llegan a los presupuestos nacionales y regionales.
Por cada 100 pesos que pagan las empresas mineras, el Estado pierde más de 200. Éste es el resultado de las multimillonarias deducciones, descuentos y exenciones de impuestos con que cuenta el sector, la denominada política de “confianza inversionista” Uribe-Santos, criticada por la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su evaluación del desempeño ambiental del país:
“[a] pesar de su impacto ambiental negativo, los sectores petrolero y minero reciben un tratamiento tributario y de regalías favorable (…) Los sectores minero y petrolero reciben grandes ventajas fiscales. Por ejemplo, hasta 2010 se beneficiaban de la deducción más alta sobre inversiones, debido a su elevada intensidad de capital” (p. 71).
El informe también revela que, por cada dólar que se llevan las empresas, al país le quedan 16 centavos. Esto pone en cuestión la promesa de las regalías, cuyo nuevo sistema de distribución, promovido por el gobierno Santos, deja no solo a Cajamarca sino al departamento del Tolima lejos de la posibilidad de disponer de esos recursos (esto lo sabe perfectamente el señor gobernador).
La joya de la corona es que para que los políticos de Bogotá se mantengan en el poder y las empresas multinacionales puedan ganar todo lo que pretenden ganar, somos los ciudadanos de a pie lo que pagamos los platos rotos a través de reformas tributarias, altos índices de pobreza (que redundan en problemas de seguridad), conflictos sociales y daños ambientales irreparables.
- El auge del modelo extractivo también ha disparado el número y la intensidad de los conflictos socioambientales.
Citando el Atlas global de justicia ambiental, se ubica a Colombia como el país de América Latina con el mayor número de conflictos socioambientales y el segundo a nivel mundial.
“[e]l 80% de las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87 % del desplazamiento forzado sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción minero-energética; el 78% de los crímenes contra sindicalistas, 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes se cometen en áreas minero-energéticas” (p. 73)
- Tensión entre el modelo extractivista y las políticas de restitución de tierras
Esto se ha dado de dos maneras: oficialmente, a través del Plan de Desarrollo 2014 - 2018, que pretendió dejar sin efectos la restitución en las áreas de interés estratégico para el desarrollo de proyectos de minería a gran escala; y por vía de la iniciativa de las propias empresas, que ofician como segundos reclamantes para entorpecer la devolución de las tierras a las víctimas.
Ese es el caso de la misma Anglogold Ashanti, que no ha podido probar buena fe exenta de culpa en los predios que adquirió en el Chocó.
Otros efectos negativos asociados a este modelo, como la contrarreforma institucional que ha pretendido dejar sin autoridad a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios sobre temas ambientales, y la negación del derecho de las comunidades a participar de manera vinculante sobre los proyectos que pueden afectar su territorio, constituyen razones de peso para que el domingo nos movilicemos en contra de la minería a gran escala.
¿Cuál es el argumento para mantener un modelo que produce graves daños ambientales, viola los derechos humanos, reniega de la participación democrática, mantiene en la pobreza a las comunidades de su área de influencia y además entorpece los derechos de las víctimas del conflicto armado?
