A propósito del millonario déficit de la Universidad del Tolima

Es cierto que la Universidad del Tolima es una universidad desfinanciada, como todas las universidades públicas que dependen de los aportes del Estado. A eso debe sumarse que el Sistema de Universidades Estatales (SUE) permite una pésima distribución de los pocos recursos que desembolsa el gobierno nacional, privilegiando las universidades grandes en detrimento de las pequeñas.
 
También es cierto que la gobernación del Tolima debe una importante suma de dinero a la UT, que puede estar por los 70 mil o 80 mil millones de pesos, toda vez que, administración tras administración, le fueron negados los aportes que, por Ley, el ente territorial le debe entregar al alma mater.
 
Pero no es menos cierto que ningún rector hizo algo para exigir los faltantes de la nación y la gobernación. En todos estos años, ninguna administración ha promovido algún tipo de iniciativa pública para exigir al gobierno nacional o al departamental el aumento de los recursos de las transferencias o si quiera el pago de lo que le corresponde legalmente.
 
¿Y por qué no se exigen los recursos para que la universidad pueda empezar a “invertir” y deje solamente de“funcionar”? Porque de los votos que se necesitan para ser rector de la Universidad del Tolima, tres los ponen los directamente interesados en que esa situación no cambie. 
 
Es decir: los responsables de que la universidad no invierta, por ejemplo, en procesos ambiciosos y sostenidos de generación de conocimiento, como es su deber ser, y por el contrario se mantenga, como institución de saber, reducida a la expedición de títulos profesionales, son las mismas directivas, quienes se han mantenido en sus altos cargos a condición de que la universidad se mantenga en su permanente crisis financiera.
 
El efecto que deja para la moralidad administrativa, la triple alianza de los gobiernos nacional, departamental y universitario, y su máxima de acción “hagámonos pasito”, “yo te elijo y tú me dejas tranquilo” ha sido desastroso. En el inventario se cuenta el clientelismo, el nepotismo, el detrimento patrimonial, y con todo ello, el tráfico de influencias.
 
Para la extensa muestra, algunos botones: Una cancha impresentable cuyo drenaje y encerramiento costaron más de 800 millones de pesos, un edificio que se presupuestó en 8000 millones y que terminó costando 24 mil, millonarios recursos “invertidos” en los jardines de la Granja de Armero mientras los estudiantes se bañaban con agua sucia, familias enteras trabajando y contratando con la institución, tuteladas por el mal ejemplo de un rector que le entregó la venta de los seguros obligatorios de los estudiantes a su suegra y los diseños arquitectónicos de una sede de la institución a su cuñado; un desfile interminable de obras civiles que hacen de la universidad una suerte de “obra negra” permanente, la sobrecontratación de personal administrativo, pese a la reforma laboral que prometió “cerrar el broche” a la “o-pe-ese-nización” y “super-numera-rización”.

Y como si fuera poco, un grupo de profesores y decanos que devengan entre 15 y 20 millones de pesos mensuales por cuenta de sus descargas en pregrado para dedicarse “de tiempo completo” a las especializaciones, maestrías y doctorados; y otros tantos que se “especializaron” en lo que ha empezado a denominarse el “carrusel de los puntos”, por cuenta de publicaciones que no son otra cosa que permanentes variaciones de lo mismo y por las cuales reciben bonificaciones y puntos salariales.
 
En resumen: millones y millones de pesos en contratos, puestos y beneficios cuyo único objeto es pagar favores: como los que se intercambian por votos en el seno del Consejo Superior para elegir rector.
 
Entonces: es cierto que la universidad ha sufrido históricamente un grave proceso de desfinanciación y privatización por cuenta de los gobiernos nacional y departamental, y es cierto que aquello se debe a políticas públicas en educación que, priorizando el valor de cambio sobre el valor de uso, responden principalmente a la prestación de servicios educativos antes que a la garantía de un derecho fundamental. Pero por el hecho de que se pueda llegar a acuerdo sobre esos asuntos nadie se tiene que llamar a engaños: la Universidad del Tolima ha sido rehén de la corrupción y su presupuesto, objeto de todo tipo de maniobras, empezando las que tienen por objeto ocultar en qué se invierten realmente los recursos.