El problema no son las motos, es la ineficiencia de la Administración Municipal

En Ibagué hay 78 mil motos matriculadas de un total de 150 mil vehículos vehículos, es decir, los motociclistas representan  el 69% de los vehículos que transitan por la ciudad.
 
La moto es por excelencia el transporte privado más económico y, es por eso, que en su gran mayoría los propietarios son familias de bajos ingresos que ven en la moto la posibilidad de tener transporte rápido, con bajos costos de sostenimiento.
 
De igual manera, la moto se volvió un requisito para obtener trabajo. No es raro ver avisos de empleo donde se requiera una moto como requisito para poder aspirar a un puesto de trabajo como mensajero, domiciliarios, ventas tienda a tienda, casas de cobro, etc.
 
Sin embargo, a pesar de estas razones, pareciera que en la ciudad los motociclistas fueran los enemigos de la Administración Municipal.
 
A los motociclistas se les prohíbe cargar acompañante en cualquier momento del día, violándose el derecho a la igualdad que tienen con los otros medios de transporte. La excusa es por “mejorar la seguridad”, cuando la inseguridad es generada por el desempleo, la desigualdad social y la ausencia de mecanismos ágiles de vigilancia y monitoreo. Es decir, la ineficiencia de la administración Local es “descargada” contra la población civil inocente e inerme.
 
A los motociclistas sólo les venden gasolina hasta las 8:00 de la noche y en el mejor de los casos hasta las 10. Socavándoles el derecho a comprar un bien que es de libre acceso para toda la comunidad.
 
A los motociclistas se les prohíbe circular después de las 11:00 de la noche, dizque por razones de seguridad, cuando  a esa hora somos miles los ciudadanos que ya estamos descansando, en nuestros hogares.
 
Una moto paga el SOAT por 24 horas al día por 365 días del año. Una moto paga sus impuestos de rodamiento por la ciudad por los 365 días del año. Una moto paga la capacidad de carga de dos (2) pasajeros desde el momento de su compra. Es decir, los motociclistas  pagan por un derecho que el municipio les viola a su libre albedrío.
 
Si bien es cierto, que en algunas ocasiones las motos son usadas para efectuar actos vandálicos y que se debe  reforzar la “cultura moto”, para que los motociclistas mejoren sus hábitos al volante. Por ejemplo, zigzaguear o violar las normas de tránsito, que pone en peligro sus vidas y aumentan la accidentalidad. También es cierto que la violación flagrante de sus derechos a la libre movilidad y al uso completo de su transporte de pasajeros no puede ser la excusa para socavar sus derechos.
 
¿Hasta cuándo tendremos líderes políticos que crean que avasallando al pobre se construye seguridad?
 
¿Hasta cuándo los civiles seremos la excusa, para que los organismos de control y vigilancia, nos priven de nuestro derecho de libre circulación, para cubrir la debilidad generada por sus ineficientes medidas y esquemas de seguridad?
 
Y ¿hasta cuándo tendremos motociclistas que, aunque siendo mayorías, no se unan para proteger sus derechos?
 
Sólo como reseña, en la marcha que convoqué para manifestarnos en contra de las fotomultas, sólo asistieron 80 motos de las más de 78 mil matriculadas, es decir, el 0,1% del total.