Juez envió a la cárcel de Picaleña a los 10 empleados de la fundación Peces Vivos
Un juez de control de garantías de Ibagué envió a la cárcel de Picaleña a los 10 empleados de la Fundación Peces Vivos, señalados por la Fiscalía General de la Nación de torturar a por lo menos 11 menores de edad en condición de discapacidad.
Estas personas fueron detenidas el pasado 19 de octubre y, después de casi dos semanas de audiencias, la juez responsable del caso determinó acoger la solicitud del ente acusador y ordenó la reclusión de los procesados.
Los detenidos deben responder por los presuntos delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y destrucción de material probatorio, toda vez que durante el proceso de investigación trataron de alterar las pruebas existentes, aseguró la Fiscalía.
Los abogados que asumieron la defensa de los 10 capturados habían solicitado a la juez que les concediera el beneficio de detención domiciliaria porque sus vidas corrían peligro en la cárcel de Picaleña, petición que no fue aceptada.
No obstante, cuatro de los siete abogados anunciaron que presentarán recurso de apelación ante la medida dictada por la juez, porque consideran que el despacho no debía generalizar la responsabilidad de todos los involucrados.
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