06 de julio de 2025

Procuraduría indaga contratación del hijo de Hurtado por posible fraude en su hoja de vida

Nicolás Hurtado firmó contratos con Infibagué y la Asamblea con posibles irregularidades en su experiencia laboral y aportes a seguridad social.

Autor
Escrito por: Natalia Reyes
Periodista
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La Procuraduría General de la Nación indaga si hubo irregularidades en la contratación de Nicolás Andrés Hurtado Galeano, hijo del exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado, en al menos dos entidades públicas: Infibagué y la Asamblea Departamental del Tolima. (Ver: Hijo de Hurtado fue contratado en Infibagué con certificado laboral dudoso)

La actuación se originó por un anónimo que advertía sobre presuntas anomalías en su vinculación. De acuerdo con fuentes consultadas por EL OLFATO, el denunciante sería un funcionario de la misma Alcaldía que tuvo acceso a documentos internos sobre las contrataciones.

La trayectoria contractual del joven Hurtado empezó oficialmente el 20 de septiembre de 2024, cuando fue vinculado a la Asamblea Departamental por tres meses, con un salario de $6.6 millones, para brindar apoyo en gestión documental. El contrato establecía como requisito ser estudiante de Administración de Empresas, sin exigir experiencia previa.

Un mes después, el 18 de octubre, firmó un segundo contrato con Infibagué por $7.5 millones para el apoyo a la Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial. Para esta ocasión, sí se exigía acreditar experiencia laboral, y Nicolás presentó una certificación de la empresa Servicios Especiales El Sol de la Variante SAS.

Sin embargo, los registros del sistema de seguridad social (RUAF) contradicen el periodo de experiencia señalado en el documento. Mientras la certificación afirmaba que Hurtado había trabajado desde agosto de 2023, sus afiliaciones como cotizante independiente apenas comenzaron en septiembre de 2024, lo cual despierta dudas sobre la veracidad de su experiencia.

Además, hay inconsistencias en los aportes a seguridad social. Desde octubre de 2024, Hurtado acumulaba contratos por prestación de servicios que superaban los $5.2 millones mensuales, pero sus liquidaciones de planilla se seguían haciendo sobre un salario mínimo, lo que podría constituir una subdeclaración ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), órgano que fiscaliza la correcta declaración de ingresos para el sistema de protección social (Ver documento).

La situación se repitió en 2025. El 12 de marzo de ese año, Infibagué lo volvió a contratar por $16.8 millones para un periodo de siete meses, pese a que seguía cotizando por el mínimo. Luego, el 5 de mayo, la Asamblea Departamental le otorgó un contrato por $15 millones para seis meses. En ambos procesos, Nicolás aportó las mismas certificaciones laborales que están bajo sospecha.

En los documentos publicados en el SECOP, también aparece su declaración de bienes y rentas ante Función Pública, en la que reportó ingresos por honorarios en 2024 por $14.1 millones, coincidiendo con los valores contratados por Infibagué y la Asamblea. No obstante, omitió los pagos que habría recibido de la empresa privada que lo certificó.

Si se comprueba que la certificación laboral es falsa, se podrían configurar delitos como falsedad ideológica en documento privado, inducción en error a una entidad pública y, eventualmente, tráfico de influencias, debido a su parentesco con el exalcalde Hurtado, hoy investigado por múltiples casos de corrupción durante su administración.

Asimismo, la omisión institucional por parte de las entidades contratantes, que no detectaron estas inconsistencias, podría derivar en responsabilidades administrativas.

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