Mientras Ibagué estaba de fiesta, en el IBAL armaron sospechoso contrato de $34.000 millones: sería para amigos de Hurtado

Mientras los medios registraban cada paso de las comparsas, reinas y desfiles en Ibagué, en los despachos del IBAL se movía discretamente un proceso licitatorio por más de $34.000 millones que hoy huele a favorecimiento, diseño direccionado y viejo clientelismo disfrazado de infraestructura pública.

El contrato busca seleccionar un operador privado que adelante obras de reposición y construcción de redes de acueducto y alcantarillado en distintos sectores de la ciudad, y que luego ejecute la rehabilitación vial de las zonas intervenidas. Todo esto bajo un único paquete contractual. Pero el detalle técnico del proceso muestra otra realidad: lo que parece un contrato de ciudad, sería en realidad una operación cerrada con nombre propio.

Un pliego con huella: requisitos hechos a la medida

En apariencia, el proceso busca pluralidad de oferentes. Pero un análisis detallado de los requisitos técnicos y las condiciones de experiencia revela otra cosa. Lo que el IBAL exige no es solo capacidad, sino un perfil casi calcado de contratistas que ya han trabajado en gobiernos anteriores. Estos son algunos de los puntos más cuestionables:

Experiencia específica excesivamente detallada: se exige que uno de los contratos presentados tenga una longitud de tubería del 50% de lo proyectado en el nuevo contrato (15.166 metros) en redes de alcantarillado, y del 40% (6.939 metros) en redes de acueducto.

Es decir, un proponente debe haber ejecutado anteriormente más de 11 kilómetros de tubería de alcantarillado y más de 5 kilómetros de acueducto, con condiciones técnicas específicas (PVC, diámetro mínimo, etc.).

Compatibilidad técnica que excluye: los materiales, diámetros y rangos de las obras solicitadas restringen aún más el universo de oferentes. Quien no haya trabajado con los mismos estándares técnicos —por ejemplo, tuberías de PVC con diámetros específicos—, queda automáticamente por fuera.

Experiencia vial con pavimento asfáltico para tráfico vehicular: como tercer componente del contrato, se exige haber intervenido previamente vías urbanas bajo pavimento asfáltico, lo que descarta a empresas que se hayan especializado únicamente en acueducto o alcantarillado.

Aunque el documento tipo permite sumar hasta dos contratos válidos para cumplir los requisitos, los montos, longitudes y materiales exigidos configuran una barrera de entrada efectiva para nuevos oferentes o empresas locales sin contratos de gran envergadura.

Un contrato “plurifuncional”, pero de dudosa transparencia

Otra señal de alerta es el carácter compuesto del contrato: acueducto, alcantarillado y pavimentación vial, todo en uno. En lugar de dividir el proceso en componentes especializados —como ha sido práctica común para garantizar mayor transparencia—, se consolida en un solo paquete, lo que eleva el umbral económico y técnico para participar.

En palabras de un ingeniero consultado por EL OLFATO, bajo reserva: “Este tipo de procesos son técnicamente viables, pero administrativamente oscuros. Al mezclar obras hidráulicas con vialidad urbana, lo que se busca no es eficiencia, sino direccionamiento. Solo empresas grandes y con antecedentes contractuales en todas las áreas pueden aplicar. Y esas son las mismas de siempre”.

Este oscuro proceso estuvo dirigido por las alfiles de Andrés Hurtado en el IBAL: la ingeniera Érika Palma, gerente de la empresa, y la recién despedida abogada Magda Herrera, exsecretaria General, y ‘cerebro’ jurídico del hurtadismo.

Ante las sospechas que existen en esta licitación, la alcaldesa Johana Aranda pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.