Descontrol en centro de resocialización juvenil: denuncian desórdenes y fugas masivas
Vecinos alertan sobre motines, amenazas y caos en un centro del ICBF ubicado en zona residencial. Acusan silencio institucional y temen por su seguridad.

Escrito por: Yeison Andrés López Castañeda
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Un clima de zozobra e inseguridad extrema se ha instalado en los barrios Restrepo, Villa Marlén y Calarcá de Ibagué, donde funciona un centro de resocialización juvenil que, según denuncias de la comunidad, ha dejado de ser un espacio de rehabilitación para convertirse en un foco de violencia, amenazas y descontrol institucional.
Ubicado en plena zona residencial, en la calle 44 con carrera Sexta, el centro, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), protagoniza cada semana incidentes que van desde fugas masivas hasta motines y enfrentamientos, sin que las autoridades hayan dado respuestas eficaces a los vecinos ni adoptado correctivos estructurales.
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El episodio más reciente, ocurrido el pasado fin de semana, deja en evidencia el colapso del sistema de control interno. Uno de los internos retuvo a un formador en una habitación, le quitó las llaves del centro y el radioteléfono. La Policía lo documentó como un secuestro temporal, en un caso que evidencia no solo fallas de seguridad, sino la vulnerabilidad del personal del centro.
“Esto ya se salió de casillas”
Los testimonios de los residentes dan cuenta de una situación insostenible. Luz Mary Naranjo, vecina del sector desde hace casi tres décadas, relató con angustia los hechos que vivió junto a su familia durante la última fuga masiva.
“Vivo en este barrio hace 28 años y la verdad esta situación ya se salió de casillas. El domingo ya fue la tapa, digamos, pues ya veníamos enfrentando muchas cosas, bulla, de todo, pero ya que se haya metido con la integridad de todas las personas, que se hayan entrado a los apartamentos por estar escapándose como una estampida a la tremenda...”, denunció.
Katherine, otra habitante afectada, describió el caos que se vive a diario en las viviendas colindantes con la institución:
“La problemática de esta comunidad como tal, donde estamos mis vecinos, es que hay un centro de resocialización en el cual no es un centro, sino que es un centro recreacional de ellos. Ya que muchas veces hay mucha bulla, usted los ve 10, 11, 12 de la medianoche con la música a alto volumen o en las horas de la mañana”, señaló.
Amenazas a los denunciantes
El temor también ha alcanzado a quienes se han atrevido a denunciar públicamente. Diana Parada afirmó haber recibido amenazas luego de hacer públicas sus quejas:
“A mí, como hice la denuncia, ya me amenazaron. Inmediatamente, me mandaron un mensaje, me amenazaron por las redes. Yo le escribí al coordinador del centro y le dije que me habían amenazado, y yo supongo que era alguien de ahí, que tenía celular, porque cómo se dio cuenta tan rápido”, aseguró.
Lina Rojas, otra vecina afectada, explicó cómo la jornada festiva del pasado domingo terminó convertida en una pesadilla para decenas de familias: “Este domingo no pude ni trabajar ni disfrutar las fiestas, ¿por qué? Porque se subieron a las casas, rompieron tejas, hubo heridos. En mi casa también se subieron a las tejas, y me las dañaron”, denunció.
Asegura que la presencia de los internos se ha vuelto tan amenazante que debió cancelar su trabajo como vendedora de sombreros para regresar corriendo a proteger su vivienda, tras ser alertada por vecinos. Además, mencionó que una mujer del sector fue víctima de agresión verbal y exhibicionismo por parte de un menor que, al no poder escalar su muro, se bajó los pantalones y mostró sus partes íntimas.
El relato de los residentes coincide en un punto: el centro está fuera de control. “Ellos hacen lo que quieren. Les ponen música desde las seis de la mañana, los premian con regalos cuando se portan mal, manejan el equipo de sonido. Ahí los que mandan son ellos”, comentó otro vecino, que pidió omitir su identidad por seguridad.
La situación se agrava por la cercanía del correccional con un jardín infantil del ICBF, donde asisten niños de entre dos y cinco años. “Si así como se meten en nuestra propiedad, pueden también meterse al jardín infantil y causar daño a los niños”, advirtió una residente.
Sin respuestas del ICBF
Aunque los incidentes están documentados en el libro oficial de la Policía de Infancia y Adolescencia, y pese a las reiteradas quejas elevadas ante el ICBF, la Alcaldía de Ibagué y la Defensoría del Pueblo, hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales ni medidas concretas para enfrentar el problema.
La comunidad exige a la alcaldesa Johana Aranda, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Secretaría de Gobierno una intervención urgente y estructural. La situación, advierten, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que podría terminar en una tragedia anunciada.
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