De $20 mil millones para vías, solo $3.800 millones fueron invertidos: concejales de Ibagué

En medio del debate de control político que se desarrolló este viernes en el Concejo de Ibagué, los cabildantes Jorge Bolívar y Arturo Castillo lanzaron graves cuestionamientos contra el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), la Secretaría de Infraestructura y el IBAL, por lo que consideran una baja ejecución presupuestal y una gestión deficiente en contratos clave para la ciudad.

El concejal Jorge Bolívar fue enfático al afirmar que el colapso de la malla vial en diciembre de 2024 y enero de 2025 tiene una causa clara: la falta de inversión por parte de la Alcaldía. Según expuso, solo se destinaron $3.800 millones en 2024 para tapar huecos en toda la ciudad, una cifra que calificó como irrisoria frente al deterioro vial que aqueja a Ibagué.

 

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“El IBAL ya firmó un contrato por $5.000 millones para el combo 3x1 en 2025, pero lo que nos dicen no coincide con la realidad: aseguran que tiene un avance del 40 %, pero en la plataforma SECOP está suspendido y no hay informes de ejecución”, denunció.

Bolívar también arremetió contra el SETP, especialmente por un contrato de semaforización superior a $8.000 millones. Según indicó, el propio interventor pidió su liquidación por incumplimientos del contratista, pero “la administración sigue terqueando y quiere sacar adelante un contrato que ya está muerto”.

En cuanto a la Secretaría de Infraestructura, el panorama no es mejor. De los $20.000 millones presupuestados para pavimentación en 2024, solo se ejecutaron $3.800 millones. “El resto del dinero se gastó en contratos de prestación de servicios, arriendos y en pan y circo”, sentenció Bolívar.

Por su parte, el concejal Arturo Castillo respaldó los señalamientos y llamó la atención sobre la opacidad en la información contractual. “Los avances de los contratos no aparecen en el SECOP. Esa falta de transparencia impide hacer un control riguroso”, aseguró.

Castillo también insistió en que los contratistas que incumplan deben ser sancionados y, si es necesario, aplicar la caducidad de los contratos. “No podemos seguir permitiendo que empresas que fallan en la ejecución sigan ganando licitaciones bajo otros nombres o consorcios. Eso frena el desarrollo de Ibagué y mina la confianza en lo público”.

Ambos concejales coincidieron en la necesidad urgente de que la administración de Johana Aranda asuma compromisos claros de ejecución y sanción, con resultados visibles antes de finalizar el año. También hicieron un llamado a los congresistas para impulsar una reforma a la Ley de Contratación Pública que impida que los mismos contratistas incumplidos sigan accediendo a recursos estatales.

El debate deja serias dudas sobre el rumbo de las obras de infraestructura en la ciudad y pone bajo la lupa la gestión de varios funcionarios del gabinete municipal.