Veeduría nacional denuncia presunto tráfico de influencias de congresista liberal en el IGAC
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A las presuntas irregularidades que se han denunciado en contra de la actualización catastral en Ibagué, se le sumó un nuevo ingrediente: un posible tráfico de influencias a favor del grupo político de Mauricio Jaramillo, hermano del alcalde local, Guillermo Alfonso Jaramillo.
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La denuncia fue hecha por la presidenta de la Red Nacional de Veedurías, Mónica Patiño Santa, a través de un documento que fue revelado la mañana de este lunes por La Cariñosa y enviado en noviembre de 2017 al alcalde Jaramillo, en la que asegura que el representante a la Cámara Ángel María Gaitán (Partido Liberal) tiene asignada la territorial Tolima del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, con el aval del exministro del Interior Juan Fernando Cristo.
Prueba de ello es que dos familiares del congresista han trabajado en el Instituto. Su hijo laboró hasta el año pasado, mientras que otro pariente todavía sigue vinculado.
EL OLFATO consultó al director del IGAC en el Tolima Mauricio Mora, quien reconoció que el congresista Gaitán efectivamente tiene familiares trabajando en dicha entidad.
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“En este momento creo que queda un sobrino o primo, no sé exactamente su condición pero es una persona que viene desde hace un tiempo trabajando en el Instituto con un buen desempeño. Todas las personas tienen derecho a trabajar aquí, no existen limitaciones diferentes a temas de su perfil y sus condiciones. Hasta el año pasado nos acompañó un hijo de él (Gaitán) que es una persona que maneja todo lo que tiene que ver con sistemas y también cumplía con el perfil para desarrollar su actividad”, explicó el funcionario.
Varios concejales le han dicho a EL OLFATO que mucha gente que ha ido a solicitar trabajo al IGAC, en su sede del edificio Fontainebleau, han sido abordados por funcionarios que les recomiendan tener respaldo del representante Gaitán para la obtención del empleo.
Por otro lado, Patiño señala que cuando los concejales de Ibagué empezaron a solicitar la inclusión de sus cuotas -que no contaban con la idoneidad ni cumplían con los requisitos para hacer el trabajo- en el contrato de actualización catastral, el presidente de la junta directiva de la Lonja Propiedad Raíz del Tolima, Flabio Lugo Buendía -cercano al representante Gaitán- expidió unas certificaciones exprés en las que constataba el tiempo de experiencia exigido acorde a los cargos que iban a desempeñar.
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“Muchos de los reconocedores que ingresaron (al contrato) no tenían ni la más remota idea de los que irían a realizar, donde el afán de la politiquería era dejar con sueldos altos a los hijos y la nuera de Ángel María Gaitán, familiares de Flabio Lugo Buendía y personas donde tenían compromisos políticos sin importar si cumplían con las labores”, dice el documento.
La señora de servicios generales terminó haciendo actualizaciones catastrales
La denuncia también menciona el particular caso de una señora llamada Derly Johana Rivera Almanza, quien era la encargada de realizar el aseo en la territorial, y resultó contratada para el cargo de reconocedora del predial. La situación ha generado un manto de dudas sobre el proceso de selección de los empleados encargados de adelantar la actualización catastral.
“¿Cuánto requiere una persona para tener experiencia y poder realizar esa clase de trabajo que es técnico y más aun cuando conocemos que estas visitas en campo son uno de los factores para poder determinar el avalúo catastral de un predio?”, dice el comunicado.
Con este nuevo escándalo que le sale a la polémica implementación parcial de la actualización catastral parece estar cercana la caída del desmesurado cobro que ha sido objeto de rechazo por parte de miles de ibaguereños que todavía no saben de dónde sacarán la plata para pagar.
