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Juega mal el Municipio de Ibagué en el lío jurídico heredado a raíz de las obras de los Juegos Deportivos Nacionales. De ahí que su actuar no produzca resultados positivos, por el contrario, lo que quedó construido de la debacle recorre a diario un corto camino hacia la ruina.
Casi año y medio después, la actual Administración manifiesta su intención de declarar la caducidad de los contratos ante el evidente y notorio incumplimiento de los consorcios contratistas. Decisión que debió ser la primera en adoptar una vez tomaron el mando municipal. Era obvio y lógico, como instrumento válido para evitar un mayor perjuicio y hacer más grave el detrimento patrimonial que hoy apreciamos en las obras inconclusas.
Su declaratoria, no solo es una sanción merecida para los contratistas – quedan inhabilitados para contratar durante cinco años con el Estado – sino la oportunidad para liquidar unilateralmente los contratos, darle continuidad a las obras y hacer efectivas las pólizas en indemnización de los perjuicios causados.
Del primero de enero de 2016 a la fecha nada ha cambiado jurídicamente, ni era necesario que cambiara. La potestad legal que tiene el municipio para proceder así, es bien clara y descrita en el artículo 18 de la ley 80 de 1993, lo mismo que sus presupuestos: “(l) incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; (ll) que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y (lll) que el mismo evidencie que puede conducir a la paralización del contrato.”
Lo extraño es que el Municipio no haya actuado hasta el momento contra ninguno de los dos consorcios. Y nos sorprende que mientras el detrimento patrimonial acrece por el estado expuesto en que están las inconclusas obras, se siguen invirtiendo recursos sin tener resuelto el conflicto jurídico contractual.
En lo penal, es más notoria la pasividad municipal. Que se agrava por la abrupta decisión del señor Alcalde de quitarle la representación judicial al Municipio como víctima, que ejercía la señora Jefe de la Oficina Jurídica, para entregársela a quien viene actuando como representante del Imdri.
Decisión acalorada, causada por las declaraciones que a través de los medios de comunicación dio la funcionaria, exigiéndoles resultados a las fiscales que instruyen las causas. Acallada la vocería mediática, la orfandad procesal será mayor.
Taca burro el municipio, y no puede uno como ciudadano dejar de pensar si al tacar con la bola equivocada, el señor Alcalde está actuando adrede, o por el contrario, no hay una estrategia calculada y en práctica para no trascender más allá de donde empiezan los intereses de amigos y conocidos.
El tiempo siempre nos da la respuesta y habrá que esperar.
