Secretario de Hacienda pide a la población que ayude a ‘tumbar’ la actualización catastral del IGAC
El secretario de Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa, invitó a la comunidad a que demande la resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que ordena al municipio renovar el catastro urbano.
La solicitud del funcionario se hizo para que el Acuerdo sancionado ayer (lunes), que tumba los exagerados cobros del impuesto predial, no tenga riesgos jurídicos.
“Necesitamos que la comunidad nos ayude a que este acto administrativo del IGAC se caiga, porque en la medida que esto suceda, el Acuerdo municipal cobra sentido y elimina riesgos”, indicó el funcionario.
Espinosa además señaló que necesitan ‘otras fuentes de lucha’ debido a que, según él, el municipio no puede interponer acciones populares que deroguen la actualización catastral.
“Necesitamos que salgan otros frentes de lucha que la Alcaldía no puede enfrentar. El municipio no puede poner una acción popular, ni una tutela, tampoco un derecho de nulidad y suspensión de la resolución, eso tiene que salir de la comunidad. Nosotros lo único que pudimos hacer fue una revocatoria directa”, sostuvo.
Asimismo, el titular de la cartera de Hacienda dijo que están esperando la finalización del convenio con el IGAC en el mes de junio, para después analizar alternativas que permitan la no repetición de los altos cobros el próximo año.
“Nosotros esperamos que el IGAC el 30 de junio de 2018 nos entregue el 100 % de la actualización urbana y poder hacer de la mano del Concejo los análisis y modificar el estatuto tributario para que en el año 2019 no tengamos esa crisis que tuvimos este año”, subrayó Espinosa.
Por último, el funcionario expresó que haber firmado el Acuerdo representa un riesgo de ser demandados, pero aclaró que la iniciativa se firmó con el propósito de buscar “una justicia tributaria” para la población.
Expectativa por revisión del Gobernador
Para el abogado Wilson Leal el Acuerdo ya está vigente, sin embargo, explicó que la revisión de legalidad por parte del gobernador del Tolima, Oscar Barreto, le dará tranquilidad y estabilidad a la iniciativa.
“Yo estoy seguro que una decisión de esa naturaleza, que ha sido objeto de tanto debate, merecerá la prioridad de la oficina jurídica del departamento para que se emita la revisión, y se mantenga la vigencia de un instrumento como este que le sirve a la ciudad”, expresó Leal.
Se espera que en un plazo no superior a 20 días, el mandatario defina si envía o no el Acuerdo al Tribunal Administrativo para que sea sometido a control de legalidad.