Secretaría de Tránsito de Ibagué sin estadísticas por culpa de UNE
Desde hace ocho años la Secretaría de Tránsito de Ibagué le está pagando cerca de $70 millones mensuales a la empresa de telecomunicaciones UNE por la conformación de una base de datos, pero hoy en día en la ciudad no existen estadísticas ni información digitalizada que den cuenta del estado actual de la movilidad.
Con el millonario contrato, que fue firmado hace ocho años durante la administración de 'Chucho' Botero, se buscaba que la ciudad tuviera una base de datos digital acerca de las estadísticas, módulos de contravenciones, transportes, módulos de administración, multas de tránsito, inmovilizaciones, y otros temas relacionados con el tránsito en Ibagué.
Sin embargo, UNE, el contratista del software, no tiene cifras consolidadas y esto constituye una traba para la creación de nuevas políticas públicas de movilidad en la ciudad. Debido a que no se conoce información básica como cuáles son las infracciones de tránsito más comunes o cuál es el número de vehículos inmovilizados, la Secretaría de Tránsito se ha visto limitada al momento de entregarle información más detallada a ELOLFATO.COM.
A petición de esta redacción, Maribel López, secretaria de Tránsito de Ibagué, le solicitó a la empresa las estadísticas de multas de tránsito, accidentalidad y otros informes, pero la empresa de telecomunicaciones a la fecha no ha contestado los requerimientos: “No hay cifras de inmovilizados. Ha constado mucho trabajo que consoliden la información como se quiere, dan cifras generales que no sirven para nada”, expresó López.
Así las cosas, la empresa UNE recibirá $350 millones de pesos por parte del municipio hasta el mes de mayo, fecha en la cual se termina el contrato firmado entre la Alcaldía y la empresa de telecomunicaciones.
López también anunció que los técnicos de la empresa de telecomunicaciones tendrán que actualizar el software los próximos 25 y 26 de febrero. De igual manera, la funcionaria expresó que dicho contrato no será renovado, puesto que se desconoce bajo qué concepto fue adjudicado y por qué lleva ocho años vigente.