Sanitas responde que su intervención fue ilegal e improvisada

La EPS Sanitas calificó la intervención que le hizo la Superintendencia de Salud como un acto improvisado, ilegal, desproporcionado y discriminatorio.

La entidad de salud emitió un comunicado oficial este jueves en el cual rechazó la decisión y culpó al Gobierno Nacional de algunos de los problemas que está enfrentando.

“La situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo Gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC (valor anual que se otorga a cada uno de los usuarios del sistema de salud), la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada. Dichas problemáticas fueron alertadas oportunamente en múltiples escenarios frente al Ministerio de Salud, la ADRES y otras instituciones, sin encontrar soluciones”, aseguró Sanitas.

La EPS señaló que en diciembre de 2023 presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna.

“El acto administrativo emitido para la intervención (de Sanitas) desconoce todo lo anterior. Los indicadores de quejas a que hace referencia el acto administrativo de intervención reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS, pues se afirma que el promedio de quejas de Sanitas durante el 2023 ‘supera significativamente el promedio nacional’, cuando el indicador es similar a la media del sector”, agregó Sanitas.

La entidad de salud aseveró que frente a las reservas técnicas, Sanitas cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los $800.000 millones de pesos.

Y por último, lamentó que la medida puede comprometer la prestación del servicio a sus 5.8 millones de usuarios y por eso se encuentra analizando acciones para recuperar la administración de su EPS.