Sancionaremos a los funcionarios del sector salud que actúen de manera irregular: Fabio Aristizábal

EL OLFATO: ¿Cuál es el balance que hace la Superintendencia de las acciones en el departamento del Tolima? 

Fabio Aristizábal: Nosotros implementamos dos estrategias importantes para el país, que se replicaron en el departamento del Tolima. Una es la cartera, logrando oxigenarla por cerca de $104.000 millones, y la otra son tres jornadas de conciliación que nos permitieron recuperar cerca de $25.000 millones.

En cuanto a sanciones, tuvimos que aplicarlas a dos EPS: Pijaos Salud y Comparta por cerca de $700 millones. Además, tuvimos que sancionar a 10 IPS por cerca de $338 millones, una sanción a la Alcaldía de San Luis y tres al departamento, estas por prestación de servicios ($514millones), por no reportar información oportunamente ($1.100 millones) y por el flujo de recursos ($13 millones), lo que muestra a una Superintendencia tomando decisiones. 

Por otro lado, tenemos cinco EPS en medida de vigilancia que son Medimás, Coomeva, Comparta, Asmet Salud y Ecoopsos que no pueden recibir usuarios.

En cuanto a hospitales, resaltamos la intervención al Federico Lleras Acosta, que fue intervenido en el año 2014 y lo devolvimos en el 2019, prácticamente saneado, mejorando su infraestructura y su talento humano.

E.O: ¿Por qué fue sancionada la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de San Luis? ¿Cuál es el monto de cada sanción?

F.A: Las tres de la Gobernación del Tolima tienen que ver con la prestación del servicio, con el reporte de la información y con los flujos de los recursos. Sobre la sanción a la Alcaldía de San Luis, no recuerdo claramente cuál fue el motivo. Sin embargo, a los prestadores de salud los sancionamos por no dar atención oportuna y de calidad.

Hemos hecho auditorías a Coomeva, Medimás, Famisanar, la Nueva Eps, Pijao Salud, Asmet Salud, Salud Total y Comparta para verificar el cumplimiento de las indicaciones dadas.

E.O: ¿Cuáles son las conclusiones principales de esas auditorías y cuáles son los principales problemas que tienen los usuarios para acceder a los servicios de salud en el Tolima?

F.A: Lo que encontramos en las auditorías es que es constante la falta de oportunidad en la cita con especialista, la falta en la entrega de los medicamentos y ahora en pandemia, la oportunidad en la entrega de una prueba. Esas son las más recurrentes.

Volviendo al Hospital Federico Lleras Acosta, estoy revisando que ha existido una buena gestión de la Superintendencia, pero también tenemos unas EPS en liquidación como Cafesalud, Saludvida, SaludCoop, Caprecom, Cruz Blanca y Comfaboy, que adeudan recursos por $38.000 millones y estos se vuelven casi irrecuperables.

E.O: Entonces lo recomendable es que el Hospital castigara esa deuda, porque nunca se va a poder recuperar, o ¿cuál es el camino?

F.A: No. Cuando una EPS entra en liquidación, primero deben redimir los compromisos con los trabajadores, ahora los liquidadores hacen su ejercicio y hasta donde tengan los recursos van a poder honrar esas deudas, pero hay que ser honestos, muchas de esas deudas no van a ser subsanadas y muchas de estas EPS no tiene los recursos para cumplirle al país.  

E.O: Cuando usted levantó la intervención del Hospital Federico Lleras, se comprometió a hacerle seguimiento y darle protección. La lectura que tenemos aquí en el departamento, es que el Hospital va bien. ¿Cuál es la lectura de ustedes en lo que ha transcurrido y lo que viene para el centro asistencial?

F.A: En los últimos informes que nos entregaron se dice que el Hospital mantiene el curso que traía, ha venido facturando y recuperando su facturación. Es probable que tengamos un deterioro, pero es normal, y es un efecto pandemia, por la no presencia de usuarios en los centros de salud. Esto está pasando en el país, por eso el Gobierno ha implementado estrategias como la compra de cartera o entregar los presupuestos máximos que no están cubiertos para poder captar recursos mientras pasa la crisis sanitaria.

E.O: De hecho el gobernador Ricardo Orozco ha anunciado la compra de equipos modernos para hacer incluso trasplantes…

F.A: Estas adquisiciones permitirán llevar al Hospital a eso, a tener alta complejidad y buena facturación, a ser referencia en la región, pero, sobre todo, un verdadero hospital universitario, donde hagan las prácticas los estudiantes y visiten varios especialistas del país, para que poco a poco se vaya elevando el nivel de complejidad.  

No es normal que uno vea pacientes trasladados a Bogotá, Medellín o Cali, cuando vemos en otros departamentos, como es el caso del Tolima, hospitales que han hecho ejercicios muy importantes por mejorar su nivel de complejidad. 

E.O: Y es que en Bogotá tuvimos la oportunidad de observar muchas veces pacientes de cáncer, que van con lo del bus y no tienen para comprar alimentos en Bogotá, ni para pasar la noche…

F.A: Por eso estamos haciendo este esfuerzo por corregir el rumbo del país, no solo en la prestación del servicio, sino todo lo que tiene que ver con el aseguramiento. En la Superintendencia hemos detectado más de 70 modalidades de malas prácticas, de los usuarios, de los prestadores, aseguradores y de los entes territoriales, por eso el problema no es el modelo, es un problema de actores.

E.O: Según lo que uno puede ver o escuchar, hay una especie de guerra del centavo de las EPS que quieren imponer unas tarifas bajas, y si las IPS no acceden a estas, mantienen los traslados a Bogotá…

F.A: Estamos haciendo un acompañamiento a la red pública, no solo por los traslados sino para analizar cómo viene esa contratación. Pero también soy defensor de las EPS, porque muchas veces ellas giran los recursos de manera oportuna y cuando uno mira los indicadores de salud de la región, ve que el comportamiento es terrible, los indicadores en el piso, y pregunta a la aseguradora y dicen que la plata se ha girado y no los atienden oportunamente, aquí hay de los dos lados.

Yo defiendo a los hospitales, les vamos a ayudar y hay que acabar con esa guerra del centavo.

Algo que debemos hacer es tener un manual de procesos y procedimientos con tarifas, porque los aseguradores no quieren tener un modelo con piso y los prestadores no quieren tener un modelo con techo.

E.O: ¿De qué manera la Superintendencia está analizando los casos de negligencia de las EPS en el manejo del COVID-19?

F.A: A todas las denuncias que llegan les damos trámite, de hecho, tuvimos que sacar algunas medidas cautelares en contra de algunas EPS. En el Tolima hicimos varias mesas de trabajo, algunas de revisión de protocolos de bioseguridad, en algunas EPS revisamos cómo estaban haciendo las tomas de las muestras, estuvimos haciéndole seguimiento prácticamente a todas las EPS.

Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande y a veces nos damos más palo de lo que merecemos, el país ha respondido en torno a la pandemia y el departamento del Tolima ha respondido bien. Si tenemos algunas quejas que nos llevaron a hacer investigaciones para poder sancionar, pero en general ha salido bien.

En el Tolima, en cuanto a quejas, peticiones y reclamos, de enero a noviembre del 2020 recibimos 22.563, por falta de asignación de las citas, por la entrega de los medicamentos, demoras en la autorización, pero la mayoría no está relacionada con COVID-19.

En Ibagué, lo que llevamos del año a noviembre, íbamos cerca a los 14.000 quejas.

E.O: ¿Cual es el desafío de la Superintendencia para el Tolima en el año 2021?

F.A: El desafío para el Tolima y el país es el fortalecimiento de nuestros sistemas de información, ya estamos haciendo un proyecto con el Ministerio para tener una información de primera mano, seguir recuperando la cartera de los hospitales, y uno de los retos es iniciar con el rediseño institucional, fortalecer las regionales, y ser muy enfáticos y exigentes en las sanciones contra los responsables.

Ya no voy a seguir sancionando entidades, no voy a sancionar a las secretarías, ni EPS, ni hospitales, las sanciones van contra los responsables, los que toman las decisiones. 

E.O: ¿Cuál es el cambio?

F.A: Nosotros éramos expertos en sancionar entidades, sancionábamos a las EPS, al hospital y dónde quedaba el que tomaba la decisión, ese quedaba libre, ahora estamos buscando a los responsables, a los que toman las decisiones.

La ley me permite no solo ir contra ellos, sino inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos tanto en lo público como en lo privado. Esas son las mafias que debemos acabar, porque sancionábamos a las entidades y dejábamos que los secretarios y gerentes no cumplieran con sus objetivos, robaban e iban tranquilos. Ahora estamos pendientes de los que comprometen la vida de los colombianos.