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Procuraduría le exige al Gobierno Nacional que le pague al Federico Lleras Acosta por los servicios prestados

El fondo estatal que administra los recursos de salud debe cerca de $10.000 millones, razón por la cual no se ha podido poner al día con los salarios de los trabajadores.
Salud
Autor: Redacción Salud
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Redacción Salud
Procuraduría le exige al Gobierno Nacional que le pague al Federico Lleras Acosta por los servicios prestados

La Procuraduría General de la Nación le envió un requerimiento con mensaje de urgencia a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para que transfiera los dineros correspondientes al Hospital Federico Lleras Acosta, institución que afronta problemas de liquidez por la tardanza en los giros del Estado. 

El Ministerio Público manifestó que la mora e insuficiencia en el giro directo de los recursos del periodo comprendido entre diciembre de 2022 y enero de 2023 -unos $10.000 millones- ha impedido realizar los pagos de salarios al personal médico y administrativo, conformado por unos 1.300 trabajadores, así como a los proveedores, quienes han amenazado con suspender las operaciones de la institución hospitalaria y la atención en salud a la población tolimense.

El ente de control enfatizó que, según lo dispuesto legalmente, a la ADRES le corresponde garantizar el adecuado flujo de recursos del sistema, y que en ningún caso el cumplimiento del techo o presupuesto máximo que la administradora transfiera y sea gestionado por las Empresas Prestadoras de Salud, podrá afectar la prestación del servicio por parte de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Finalmente, la Procuraduría Regional de Instrucción de Tolima solicitó a la ADRES informar las gestiones adelantadas para asegurar el flujo de recursos que le permitan al Hospital Federico Lleras Acosta, así como a los demás hospitales de la red pública departamental, conservar la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones.

El Ministerio Público recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas del hospital, y reiteró que su actuar busca anticiparse a la ocurrencia de hechos que impliquen la afectación del derecho fundamental a la salud y de la prestación de los servicios médicos por parte de la Empresa Social del Estado (ESE).

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