Veedores de Rioblanco se sienten estigmatizados por la Alcaldesa

Mientras que la alcaldesa de Rioblanco, Elisabeth Barbosa, asegura que está siendo víctima de acoso por parte de un grupo de veedores, los ciudadanos argumentan que solo están vigilando que se ejecute como corresponde la construcción de 472 unidades sanitarias en zona rural, obra que asciende a los $8.247 millones. 

A través de sus redes sociales, Barbosa informó que quienes la están acosando serían algunos miembros del Grupo Motor de los Pdet, a raíz de una iniciativa que incluyó en su Plan de Desarrollo. 

“Si bien pudo haber sido una iniciativa Pdet, simplemente, fue la voluntad política de mi parte, incluirlo dentro de mi Plan de Desarrollo”, expuso Barbosa.

Añadió, que en la actualidad se han construido 400 unidades y que se han tenido retrasos por circunstancias como la pandemia, la ola invernal y las protestas sociales. Igualmente, comentó que hasta el momento no tiene alguna indagación disciplinaria. 

“No entiendo realmente el afán, no solamente del señor Leonidas Montilla, del señor Chenier Hernández, quien ha venido haciendo declaraciones tendenciosas y dolorosas, quienes hacen parte de campañas políticas de manera direccionada hacia algún candidato”, comentó.  

¿Veeduría estigmatizada?

Desde el Grupo Motor Pdet de Rioblanco, habló Chenier Hernández quien de entrada explicó que las declaraciones de la Alcaldesa son una “acusación irreal y poco responsable”.

Además, considera que pone en entredicho un trabajo que vienen adelantando desde el 2021 y consiste en ejercer el control social sobre las iniciativas Pdet que se desarrollan en el municipio. 

Por ello, vienen haciendo control ciudadano a la primera fase de la construcción de las 472 unidades sanitarias, indagación que mostró presuntas irregularidades, que fueron expuestas en su momento a la mandataria y a los funcionarios de la Alcaldía.    

“Eso lo toman a mal y por eso se da ese choque, estigmatización y señalamiento de la Alcaldía hacia el Grupo Motor y a la veeduría Pdet”, expresó Hernández.

De la misma forma, comentó que han intentado, a través de derechos de petición, velar por obras relacionadas con gasificación, pavimentación e instalación de alcantarillados en centro poblados, pero no reciben respuestas.  

Y a la pregunta si alguno de los veedores tiene aspiraciones políticas, respondió que no, que solo espera que se elija un buen gobierno territorial, con el fin de que los proyectos en el marco del proceso de paz se puedan ejecutar.

Comentó que sería la Administración local, la que está utilizando las obras para impulsar la campaña de un candidato en específico. 

Otra de las personas que señaló Barbosa fue a Leonidas Montilla, veedor que expuso por medio de un video, que el proyecto debía ejecutarse en 10 meses y ya se completaron 29, asimismo, que se dio un anticipo del 50 % y faltan más de 120 unidades por terminar en la primera fase. 

También manifestó que “el movimiento (político) de la alcaldesa de Rioblanco está condicionando a algunos beneficiarios, que si no actúan de X o Y forma políticamente, les van a quitar el beneficio”.   

Sobre dicha situación, Montilla explicó que la única forma de cambiar al beneficiario, es que renuncie a estar en el proyecto. 

Finalmente, manifestó que existe una segunda fase que incluye más de 800 unidades sanitarias, obra que asciende a los $15.000 millones.