Sobrecostos, demoras y pocas sanciones: así premiaba Orozco a contratistas incumplidos
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Obras como la construcción de los nuevos hospitales de Rioblanco y Chaparral, al igual que, la adecuación del Coliseo Menor ubicado en la Unidad Deportiva de la calle 42, son un claro ejemplo de la permisividad que tuvo el exgobernador Ricardo Orozco con diferentes contratistas.
En varios de los proyectos la ejecución quedó suspendida e incluso está sin arrancar. A pesar de ello, el Gobierno Departamental no declaró el incumplimiento.
El hecho ha generado cuestionamientos porque es visto como una forma de ‘patrocinar y alcahuetear’ contratistas incumplidos.
¿Qué pasa en el Coliseo Menor?
En este proyecto se tiene que desde el 6 de abril de 2022 se suscribió el contrato y a partir del primero de agosto de dicha vigencia empezó a correr el tiempo de ejecución con la promesa de que la obra estaría lista el primero de abril de 2023.
Sin embargo, pasados nueve meses de la fecha de entrega, el balance es una obra que va en un 50% de avance con un aumento en el presupuesto de $7.000 millones.
La obra inicialmente costaba $13.706 millones y cerró el 2023 sobre los $20.266 millones producto de tres adiciones presupuestales que hizo el Gobierno Departamental.
Justamente, el aumento de recursos se ha sustentado a lo largo del tiempo en intervenciones que no habrían quedado contempladas en los estudios y diseños iniciales.
En uno de los apartes de la solicitud de adición y prórroga del 28 de diciembre de 2023 se expone que “las condiciones patológicas encontradas en la obra a medida que se realizan excavaciones y exploraciones más detalladas difieren de las que se habían reflejado en los diseños originales” y solo se lograron identificar durante la ejecución.
Otro de los datos publicados en el portal de contratación Secop II es que entre el primero de agosto de 2022 y el primero de enero de 2024 se llevan seis adiciones de tiempo que suman 11 meses.
Inicialmente, fue solicitada por condiciones climáticas y en las siguientes se argumentó actividades no previstas.
El último plazo, de tres meses, se entregó en diciembre del año anterior y culmina el primero de marzo.
Una vez la gobernadora Adriana Magali Matiz conoció la forma en que se ha desarrollado la construcción, procedió a exigirle al Consorcio Coliseo Menor GT21 tener listo el escenario el próximo primero de marzo, pues no quiere dar nuevas prórrogas.
Igualmente, pidió al interventor y supervisor del contrato hacer un control exhaustivo a la ejecución de la obra, de la misma forma, solicitó el acompañamiento de la Contraloría General de la República.
Problema que se replica
La alcahuetería como llaman algunos a la administración de Orozco se extendió al sur del Tolima. En 2022 se adjudicó la construcción del nuevo hospital María Inmaculada, obra que tiene una inversión mayor a los $10.000 millones. (Ver más:¿Corrupción con los recursos de la salud? La promesa del hospital que no se construyó)
No obstante, al completarse 15 meses lo único que se tiene es una estructura demolida y un terreno sin intervenir. En este caso el Gobierno Departamental tampoco declaró el incumplimiento.
Lo mismo está sucediendo en Chaparral y el nuevo hospital San Juan Bautista, allí aunque el contratista no tenía ningún avance, el exgobernador autorizó un anticipo de $20.000 millones, sin embargo, EL OLFATO conoció que el Consorcio Hospitalario 2023 renunció a recibirlo. (Ver más: Cuestionado contratista del nuevo hospital de Chaparral renunció a anticipo)
Estas dos obras están a cargo del cuestionado ingeniero Olaguer Agudelo Prieto.
