Proliferación de elefantes blancos en el Tolima: hay 60 obras de infraestructura inconclusas

Contratistas irresponsables, negligentes o, en algunos casos, presuntamente corruptos, son los responsables de que el departamento del Tolima tenga un total de 60 obras inconclusas.

Los mal llamados ‘elefantes blancos’ van desde simples parques biosaludables hasta megaobras como el distrito de riego del Triángulo del Sur del Tolima.

Así lo reveló la Contraloría Departamental del Tolima, que además informó que hay una valoración estimada de $1.5 billones comprometidos en estas obras. (Ver documento).

Lo anterior, excluyendo otras obras relacionadas con el municipio de Ibagué y entidades autónomas con las que fácilmente se podría llegar hasta los 80 proyectos abandonados.

“Nos encontramos haciendo el inventario de este tipo de obras para que, una vez este sea consolidado, se proceda a determinar en cuáles casos la competencia se encuentra a cargo de este ente de control, para posteriormente realizar las acciones de vigilancia en el marco que propone la ley”,  mencionó la Contraloría.

En virtud de todo lo anterior, en este momento se adelantan procesos de responsabilidad fiscal sobre contratos en Armero Guayabal, por la fallida construcción de parques biosaludables y del puente sobre el río Sabandija.

A su vez, hay procesos en Ataco, por el sistema de alcantarillado; Icononzo, por la primera fase del hogar del adulto mayor; Honda, la modernización de redes, y Anzoátegui,  la pavimentación de la vía de acceso al municipio.

Por si fuera poco, se conoció que el Tolima tiene la deshonra de contar con el segundo ‘elefante blanco’ más costoso del país. Se trata del distrito de riego Triángulo del Sur del Tolima, una megaobra que empezó en 2005 y que no ha terminado, pese a que se han invertido $495.167 millones de pesos.

Otros de los costosos proyectos que quedaron en nada son: la construcción de placa huella en la vereda las Juntas del municipio de Rioblanco ($39.504 millones) y la edificación de pozos sépticos en la zona rural dispersa de Chaparral ($14.781 millones).

Tolima: tierra sin dolientes

Para el abogado Luis Felipe Aranzales, aunque los proyectos que nunca vieron la luz han venido disminuyendo desde que se adoptó la contratación por pliegos tipo, en los que se establecen los requisitos principales de participación y hacen parte de la etapa de selección de los contratistas del Estado, hay una serie de factores que aún posibilitan que los consorcios y empresas incumplan  sus obligaciones en la región.

El primero de ellos es un seguimiento tardío de las interventorías o supervisiones.

“Si este ejercicio se hiciera anticipado y no posterior, se podría generar, en forma de prevención, que estas circunstancias tuvieran un rumbo menos perjudicial para las entidades públicas, pues en ocasiones los contratistas no tienen cómo responder”, señaló Aranzales.

En segundo lugar, el abogado cuestionó la carencia de rapidez de las alcaldías y la Gobernación en la aplicación de sanciones, tan pronto como se sabe que la obra no cumplirá el cronograma originalmente pactado.

“En la medida en que se ven retrasos, no se debería esperar hasta finalizar las obras, sino que, cuando ya es imposible terminar, las interventorías deberían apoyar la declaratoria de incumplimiento”, señaló.

Y agregó: “el problema es que las entidades estatales se pueden demorar entre uno y dos años en aplicar las sanciones posterior al vencimiento del contrato. Mientras ello pasa, lo que se alcanzó a construir queda afectado por las condiciones climáticas, por lo que incluso aquello no funcionará”.

Asumir lo anterior, haría que estos contratistas incumplidos no la tengan tan fácil a la hora de ser  beneficiados con nuevos millonarios proyectos, tal y como sigue sucediendo en la región.