Minsalud denunció al exgobernador Orozco por uno de sus ‘negociados’ con Olaguer Agudelo

El equipo jurídico del Ministerio de Salud le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar al exgobernador del Tolima Ricardo Orozco por uno de los millonarios contratos que dejó amarrados -al término de su mandato- para beneficiar a quien sería su amigo y contratista de confianza Olaguer Agudelo Prieto, el polémico ingeniero responsable del fallido puente elevado de la calle 60 de Ibagué.

El Gobierno Nacional consideró que hay elementos probatorios suficientes para procesar penalmente al exmandatario por los presuntos delitos que se cometieron en la adjudicación del contrato de $78.000 millones para la construcción del nuevo Hospital de Chaparral.

De acuerdo con la denuncia obtenida por EL OLFATO, este millonario contrato se habría estructurado desde el mes de mayo del año 2023, para favorecer al señor Olaguer Agudelo, quien terminó siendo el único oferente de la licitación, posiblemente amañada. (Ver: Cartel de la salud I: hospitales del Tolima, un negocio familiar)

“Que el proceso precontractual no fue respetuoso del principio de transparencia materializado mediante la selección objetiva, en la medida que solamente se presentó al mismo un único proponente, esto es: “CONSORCIO HOSPITALARIO 2023” siendo su representante legal el señor Olaguer Agudelo Prieto”, sostuvo el abogado Rodolfo Salas, jefe jurídico del Ministerio de Salud.

Por estos hechos, precisó Salas, la Fiscalía General de la Nación deberá establecer si Orozco y los demás funcionarios implicados en este proceso serían responsables de los delitos de celebración indebida de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, entre otros.

El Ministerio de Salud también aportó como insumo la denuncia que hizo EL OLFATO sobre el ‘cartel de la salud del Tolima’, publicada el pasado 10 de marzo, y en la que se entregaron detalles del ‘negociado’ del Hospital de Chaparral que se le cayó a Orozco y Agudelo.

Así se enredó el contrato de Chaparral

Aunque la Secretaría de Salud Departamental había adjudicado el proceso el 5 de julio del año 2023, solo hasta el 2 de febrero de 2024 se suscribió el contrato por un tira y afloje que se dio entre el Consorcio Hospitalario 2023 y la Gobernación del Tolima por el giro del anticipo.

En principio, Orozco habría permitido entregarle a su contratista Olaguer Agudelo $19.500 millones, equivalentes al 25 % de la inversión, aparentemente, para solventarle su crisis financiera. (Ver: Cartel de la salud II: un negocio de $78.000 millones que se cayó)

Pero después, en octubre, cuando Adriana Matiz fue elegida como gobernadora del Tolima, y se conocieron los escándalos del puente de la 60, el anticipo se enredó. La entrante mandataria advirtió que solo desembolsaría dinero cuando la obra avanzara y Olaguer tuvo que aceptarlo casi que a regañadientes.

Sin plata para las estampillas

Y, aunque el contrato sí se firmó (el 2 de febrero de 2024), todo se quedó empantanado en la etapa de legalización, ya que el consorcio no tenía $4.000 millones para cancelar las estampillas que exige la Administración Departamental.

Para el Ministerio de Salud, las maniobras internas que se dieron en torno a ese contrato son sospechosas, pues, transcurrieron siete meses discutiendo si se otorgaba o no el millonario anticipo.

“Nótese que, sospechosamente, la celebración del contrato se llevó a cabo casi siete meses después de la adjudicación (…) Es así que un ingrediente subjetivo del delito es el provecho de un tercero, situación que aquí se encuentra desprendida a consecuencia del no cumplimento del principio de selección objetiva, materializada en que no hubo libre concurrencia, en la medida que se confeccionó el contrato de tal manera que el único oferente, esto es “CONSORCIO HOSPITALARIO 2023”, fuese beneficiario de las utilidades por el adelantamiento del proyecto de obra”, explicó el jefe jurídico del Ministerio de Salud.

La Gobernación del Tolima le ha pedido al contratista Olaguer Agudelo que explique cuáles han sido las razones por las que no pudo legalizar el contrato, pero no ha sido posible obtener respuestas claras. La próxima semana se citó a una nueva diligencia para que el ingeniero comparezca.

Viejos amigos

El Gobierno Nacional le pidió también a la Fiscalía que indague por las relaciones personal y económica que tendrían de tiempo atrás Ricardo Orozco y Olaguer Agudelo.

“Sumándose el hecho resaltado por el periódico “EL OLFATO” de la presunta amistad entre el ex GOBERNADOR RICARDO OROZCO y el señor OLAGUER AGUDELO, lo que pudo llevar a adecuar las condiciones precontractuales a efectos de suscribir el contrato multicitado”, subrayó el Ministerio de Salud.

Esta redacción supo adicionalmente que Orozco y Agudelo se conocieron en el año 2018, cuando el primero era secretario del Interior de la Gobernación del Tolima.

El 11 de julio de 2018, la Gobernación del Tolima le adjudicó a Olaguer Agudelo un contrato por $327.950.000 para remodelar y adecuar la estación de bomberos del Comando de Combate Aéreo de la Fuerza Aérea en Melgar.

Ese proyecto estaba a cargo del entonces secretario del Interior Ricardo Orozco y la supervisora del contrato era la arquitecta María Alexandra Rozo, muy cercana a Orozco, y quien, tres años más tarde, lideró el proyecto de construcción de la mansión que habría intentado construir el exgobernador en el Cañón del Combeima (Ver: Los secretos desconocidos de la mansión que habría intentado construir el exgobernador del Tolima).

Fue en ese entonces que nació una exitosa relación personal y comercial entre Ricardo Orozco y Olaguer Agudelo.