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Más de $44 mil millones de inversión en vivienda se han frenado en el Tolima por paro de la Oficina de Registro

CAMACOL hizo un llamado a las autoridades para reanudar actividades en esta entidad.
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Autor: Redacción Región
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Más de $44 mil millones de inversión en vivienda se han frenado en el Tolima por paro de la Oficina de Registro

Desesperada. Así se encuentra la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL, tras varios días del cese de actividades en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país. 

De acuerdo con el gremio, sin la prestación del servicio público registral se pone en riesgo la inversión de los hogares, de los sectores productivos y la reactivación económica en el Tolima. 

Por ejemplo, según sus estimaciones, por ocho días de parálisis del servicio público registral, en el caso del Tolima, $44.864 millones de inversión en vivienda nueva se han frenado, y 347 familias ha dejado de recibir su vivienda oportunamente.

"Esto agrava de manera crítica la precaria prestación del servicio público registral en el país y se convierte en uno de los procedimientos más restrictivos, complejos y de impacto negativo en el acceso a la vivienda de los colombianos, la política de vivienda social, la financiación hipotecaria y el desarrollo regional y del mercado inmobiliario", señaló Nancy Helena Pulido, gerente de CAMACOL. 

Por esta razón, la funcionaria hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen y garanticen el restablecimiento del servicio público registral. 

"Con el pasar de los días y el cese de actividades, el problema se convierte en uno de los principales riesgos para la reactivación económica de la región y un retroceso en la política de vivienda", aseveró Pulido. 

Asimismo, el gremio señaló que esta parálisis del servicio registral tiene efectos negativos en los demás sectores de la economía, ya que todos los actos, contratos, decisiones contenidas en escritura pública que generen cambios de dominio u otro derecho real sobre bienes inmuebles, deben surtir el respectivo procedimiento ante las ORIP.

"Por tanto, no garantizar la continuidad de este servicio va en contra de la Ley 1579 de 2012 en la que se consagra que: “el registro de la propiedad inmueble es un servicio público prestado por el Estado(...)”, y, por esta razón, requiere prioridad, continuidad y eficiencia en su prestación, en todo el territorio nacional", concluyó CAMACOL.

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