Investigan al exalcalde de Flandes por presunto detrimento en obra de mitigación

La Contraloría del Tolima abrió proceso de responsabilidad fiscal en contra del exalcalde Flandes Juan Pablo Suárez Medina (2016 - 2019) por irregularidades en la ejecución del contrato 306 de 2017. 
De igual manera,  vincula a Luis Egimio Barón Vargas y Olaguer Agudelo Prieto, quienes conformaron el Consorcio Cárcava 2017 como ejecutor de la obra.  

También, al exsecretario de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato, Francisco Devia Suárez y como interventor a Ferdinel Reyes.  

El objeto del contrato era realizar el control erosivo y recuperación de la vía ribereña del río Magdalena localizada frente a la unidad deportiva. El valor del contrato ascendió a los $5.476 millones y tuvo una ejecución de 13 meses. 

Según el ente de control, hubo faltantes de obra, actividades que no funcionaron o cumplieron con las especificaciones técnicas o de norma y que incluso no obedecieron a un adecuado proceso de construcción, generando una posible pérdida de recursos del erario por la suma de $211.376.961.

Aparentemente, la Alcaldía de Flandes y la interventoría faltaron al pricipio de responsabilidad por aprobar y pagar obras no ejecutadas. 

De igual manera, se cuestiona la siembra de 100 árboles, que por las condiciones inclementes del clima, las condiciones de relleno del suelo que se traduce en estéril, no era posible de ejecutar.

En cuanto, a los costos adminsitrativos la Contraloría estableció un posible detrimento por la suma de  $413.992.051, pues no se halló soporte de la participación del personal empleado en el ejecución de la obra.  

"Se observa que tanto el Alcalde municipal de Flandes, para la época de los hechos, como el Secretario de Planeación e Infraestructura, designado como supervisor de los contratos 306 y 307 de 2017 así como los mismos contratistas, no ejercieron con rigurosidad el cumplimiento y ejecución de las obligaciones acordadas, valga decir , las del contrato de obra 306 de 2017 y las del contrato de interventoría, esto es, fueron ajenos a la responsabilidad asumida y actuaron en contravía de los fines del Estado", concluyó la Contraloría. 

El valor del presunto detrimento superaría los $625 millones.