Indígenas de Ortega ganan tutela a la petrolera Hocol y evitan ser desalojados 

El Juzgado Segundo Promiscuo municipal de Ortega dejó sin efectos la orden de desalojo emitida por la Inspectora de Policía en contra de 15 miembros de la comunidad indígena Pijao, quienes se encuentran en minga en los campos petroleros de la firma Hocol. 

La decisión se dio por la vulneración al debido proceso de la comunidad indígena por parte de la inspectora Norma Perdomo Rivera, quien fue recusada y pese a ello dio trámite a la denuncia de desalojo interpuesta por la petrolera. 

Miguel Ángel Ducuara, autoridad indígena, pidió a la funcionaria declararse impedida en la diligencia llevada a cabo el pasado 12 de agosto, tanto porque pertenece a un cabildo como por su presunta parcialidad en favor de la empresa. 

Sin embargo, Perdomo no lo hizo, pues argumentó que eran "apreciaciones personales y subjetivas", y además, porque si bien hace parte de la comunidad Quintín Lame esto no es causal de impedimento. 

El personero Benjamin Galvis Donoso, quien representó a la Procuraduría Regional y sirvió como garante de los indígenas Pijao, solicitó a la Inspectora declararse impedida por ser miembro de un cabildo indígena e impartir justicia dentro de estas mismas comunidades.

Según el vocero del Ministerio Público era al superior jerárquico a quien le correspondía resolver la recusación. 

Ante la negativa de la Inspectora, el Personero abandonó el recinto dejando sin representación legal a la comunidad indígena Pijao. 

Según el juez, le correspondía a la funcionaria suspender la audiencia y remitir el expediente al superior quien decidiría  sobre si se evidenciaban o no causales de recusación.

Además, para el Juez si bien las decisiones en esta clase de proceso verbal, cuentan con recurso de reposición y de apelación, el retiro del Personero no permitió a los integrantes de la comunidad indígena tener el conocimiento jurídico sobre el momento oportuno y como sustentar el recurso de apelación, violándose el debido proceso. 

"Dejar sin efecto las actuaciones adelantadas por la Inspectora de Policía del municipio de Ortega, dentro de la querella Policiva No. 111 adelantada por la empresa Hocol S.A. contra (...), a partir del día 12 de agosto de 2021 y después de la hora en que fue planteada por los querellados la recusación en contra de la Inspectora de Policía", sentenció el Juez.

Las comunidades indígenas de Ortega reclaman a Hocol el cumplimiento del plan ambiental, pues aseguran que se han contaminado fuentes hídricas por vertimiento de residuos de hidrocarburos, además de la presencia de olores fuertes provenientes de la explotación de petróleo.