Gobernación del Tolima apeló fallo que ordena arresto de Orozco

Un juzgado emitió una medida de desacato en contra del gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, y el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por el presunto incumplimiento de una tutela que busca proteger los derechos de las personas que llegan a la Permanente Central de Ibagué.

Sin embargo, desde el Departamento Jurídico del Gobierno Departamental se explicó que la decisión está condicionada a un trámite de consulta que se debe surtir ante el Tribunal Superior de Ibagué. 

“Hasta cuando el Tribunal no haga la revisión en consulta, la medida no va a prosperar. Vamos, entre la jurídica del Municipio y quien les habla, a mostrar y determinar que se puede desdibujar esa medida de arresto de acuerdo al procedimiento que jurídicamente nosotros tenemos”, precisó la directora de Asuntos Jurídicos del Departamento, Yurani Prieto.

La directora explicó que el caso surgió en 2021, cuando la Procuraduría Judicial Penal interpuso la tutela debido a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y por el hacinamiento que tenía el lugar. 

Con la medida jurídica en esa época, se solicitaban una serie de requerimientos para más de 100 personas que se encontraban en el Permanente esperando a que se resolviera su situación judicial.

Por ello, el Ministerio Público pidió la entrega de kits de bioseguridad y aseo, garantizar la alimentación, brindar un espacio de conectividad para mantener el contacto con las familias y crear un lugar diferencial para la comunidad Lgbti. 

El caso volvió a sonar recientemente porque el Juzgado Octavo Penal con Funciones de Conocimiento de Ibagué declaró al Gobernador y al Alcalde de Ibagué en desacato frente a las órdenes impartidas en el fallo de tutela del 4 de marzo de 2022 y confirmada por el Tribunal Superior de Ibagué, en septiembre de ese mismo año. 

La medida también recae sobre el director nacional del Inpec, el director de la cárcel de Picaleña, la Comandante de la Permanente de la Central de la Policía de Ibagué, y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec. 

Prieto agregó que, el anterior jueves, el Departamento entregó 486 kits de bioseguridad. En lo que respecta a la alimentación, actualmente la Uspec tiene un contrato que está vigente hasta el 31 de octubre, por lo que se está garantizando el servicio de acuerdo a las condiciones de salud de cada persona. 

Y, sobre el requerimiento relacionado con brindar las herramientas para que haya una comunicación virtual de los detenidos con sus familias, la estrategia: “ya está siendo coordinada con la Secretaría de Planeación y también con la Alcaldía”, dijo Prieto. 

Asimismo, se van a adecuar la sala de audiencias. 

Con respecto a la tarea de crear un espacio diferencial para población Lgbti, la propuesta es usar un lote contiguo a la Permanente, que es propiedad de la Gestora Urbana, por ello, ya hay una licitación en marcha.   

“En reunión que sostuvimos con la Procuraduría, tanto el Gobierno Departamental como el Municipal, garantizamos el cumplimiento de esta actividad, pero procesalmente también vamos a estar pendiente del grado de consulta”, expuso la Jurídica. 

Agregó que, hasta el viernes en la tarde, tanto el gobernador Orozco como el alcalde Hurtado, no habían sido notificados de la medida de desacato.