En pleno aislamiento social, Alcalde de Armero Guayabal compró vallas para contener multitudes con un presunto sobrecosto
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Continúa la polémica por las contrataciones que están adelantando los alcaldes y gobernadores en todo el país en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
EL OLFATO conoció un contrato suscrito por el alcalde de Armero Guayabal, Medardo Ortega, quien consideró prioritario invertir $39.988.500 para la compra de vallas y contener a la población en medio del aislamiento social obligatorio.
Suena extraño, pero para el mandatario era necesario adquirir estos elementos, pese al aislamiento obligatorio preventivo obligatorio que decretó el Gobierno Nacional semanas atrás.
Pero a la polémica adquisición de estos insumos, que para algunos resultan innecesarios, se le suma un presunto sobrecosto.
Según el contrato 03 del pasado 07 de abril de 2020, suscrito con la empresa Surinco, cada valla tendría un costo de $754.500. (Ver documento)
EL OLFATO solicitó una cotización con las características exigidas por la Alcaldía de Amero Guayabal a la empresa Comercializadora Sosamed S.A.S., que ha suministrado estos mismos elementos al Fondo de Vigilancia y Seguridad en Bogotá.
En respuesta a la solicitud realizada el 16 de abril, a través de correo electrónico, el gerente de Sosamed, Fabio Medina, dijo: "estas vallas con las medidas que usted indica y la tubería como las pide en pintura electrostática tienen un costo de $380.000 incluido IVA si es para compra directa".
Es decir, el Alcalde de Armero Guayabal habría pagado $374.500 adicionales por cada valla y un presunto sobrecosto de $19.848.500.
¿Mal uso de los recursos?
EL OLFATO habló con el alcalde Medardo Ortega, quien justificó que la compra era necesaria para poder aislar no solo al paciente que presente los síntomas del COVID-19 sino a la comunidad del barrio donde resida para reducir el riesgo de contagio.
Ortega hizo énfasis en que el municipio se encuentra ubicado sobre una vía nacional lo que permite el acceso desde diversos puntos.
Los dineros, según el mandatario, hacían parte del Fondo de Seguridad que tienen destinación específica, sin embargo, a la luz del Decreto por medio del cual se habría declarado la urgencia manifiesta se realizó el traslado y la contratación directa.
"Nosotros cuando nos toca realmente aislar al municipio, no contamos con ninguna valla, entonces por el Fondo de Seguridad dispusimos de una plata. Hicimos un consejo de seguridad y nosotros empezamos a hablar con el CTI, la Fiscalía, la Policía y el Ejército y ahí esa plata se proporcionó y se habló de mandar hacer unas vallas para el Municipio. Se mandaron a hacer alrededor de 57 vallas y en el momento en que encontremos un caso de COVID-19 en algún barrio poder aislar los barrios, porque no tenemos cómo aislar el municipio", justificó el mandatario.
No era una prioridad
Esta redacción pudo verificar que con los dineros invertidos en la compra de las vallas, la Alcaldía de Armero Guayabal pudo haber adquirido más mercados para entregar ayudas a la población pobre del municipio.
Un día antes de comprar las vallas, Ortega celebró un contrato con el empresario Manuel Antonio Díaz Melo para comprar 2.000 kits alimentarios con una inversión de $40 millones. (Ver documento)
Para el abogado especialista en contratación estatal, Luis Felipe Aranzales, el contrato para la compra de las vallas debe ser objeto de control por parte de los órganos de control.
"En mi criterio es inaudito que bajo una medida de urgencia manifiesta se contraten elementos que no atienden a la misma, pues gastarse casi $40 millones en vallas metálicas de contención de personas cuando existe una orden nacional y departamental de aislamiento resulta en un absurdo", subrayó el jurista.
Asimismo, agregó que el objeto contractual señala que se requiere aislar zonas públicas, cuando es innecesario ya que todas las personas están aisladas.
"¿A quién van a contener si todas las personas están confinadas? Según señala el objeto contractual requiere aislar zonas públicas lo que a la luz de las condiciones actuales no reviste ninguna importancia. Por tanto, en sede de revisión la Contraloría y la Procuraduría deben revisar con lupa la idoneidad de dicha contratación, lo que generaría que el Alcalde de Armero Guayabal se vea expuesto a consecuencias fiscales, disciplinarias y penales por la celebración de un contrato sin el lleno de requisitos legales", sentenció Aranzales.
Además, existiría un posible detrimento, pues al realizar un análisis comparativo del sector la Alcaldía de Armero Guayabal habría comprado estos elementos por encima del valor del mercado.
