En el Tolima fue ineficiente la ejecución de proyectos de agua potable

Tras adelantarse una auditoría de cumplimiento por parte de la Contraloría General de la República a diferentes proyectos ejecutados en el Tolima, a través del Plan Departamental de Aguas (PDA) entre el 2020 y 2022, el resultado fue un desempeño deficiente.

La indagación dejó como resultado 10 presuntas irregularidades administrativas con posible incidencia disciplinaria, de las cuales siete dejaron una incidencia fiscal por $1.753 millones.

De un total de 339 contratos ejecutados por la Edat, y que equivalen a $121.000 millones, el ente de control revisó 73 que equivalen a $48.264 millones y representan un 39% del presupuesto evaluado.

Lo que se encontró en Ibagué

EL OLFATO expone alguno de los casos relacionados por la CGR. Una de las obras que se inspeccionaron fue la construcción de la planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y red de conducción del barrio Modelia en Ibagué, estructura que fue recibida el 10 de agosto de 2023.

Tras una visita de campo hecha por el CGR, entre el 17 y 19 de octubre del año anterior, se habría evidenciado un detrimento patrimonial por $137 millones.

Entre los hallazgos estaría el pago de un mayor valor en las excavaciones en el tanque de almacenamiento, de la planta de tratamiento y la red de conducción. El total fue $83 millones.

Lo mismo ocurrió con el acero de refuerzo, según la CGR se canceló una cantidad adicional de este insumo para el tanque de almacenamiento “que corresponde al desperdicio del 5%, cuando la cantidad total del acero de refuerzo instalada en el tanque es de 49.741 kg y en acta final se recibe un total de 51.842 kg (...)”. Esta situación representó un pago mayor de $22 millones.

Para la Contraloría en este proyecto hubo “deficiencias en la evaluación técnica, al recibo y pago al contratista con mayores cantidades a las ejecutadas y a falta de evaluación, control y seguimiento técnico de las obras por parte de la administración y la interventoría”.

Revisión en Anzoátegui

En esta población se inspeccionó la optimización del sistema de acueducto del casco urbano, que tuvo una inversión total de $2.491 millones. De acuerdo con la Contraloría, se determinó un detrimento por $442 millones.

Entre las aparentes irregularidades está un pago de $90 millones, a pesar de que faltaban obras en la planta de tratamiento.

Otros ítems cancelados y que generaron costos inadecuados fue el traslado de escombros, el transporte de gravas y arenas desde Bogotá a Anzoátegui, igualmente, obras no ejecutadas en conducción, entre otros.

En la cuenta también se suma $237 millones porque en la planta de tratamiento de agua potable inicialmente se había contratado en polímero reforzado con fibra de vidrio, sin embargo, se hizo un cambio a módulos de acero inoxidable.

Pero “en corto tiempo de operación ya presentan múltiples problemas de oxidación y perforaciones en las uniones de las soldaduras de algunas láminas, evidenciándose un deterioro prematuro que no cumple con las condiciones de calidad y durabilidad”, se describe en el informe del ente de control.   

Estas circunstancias se habrían originado por la “falta de evaluación, control y seguimiento técnico de las obras por parte de la administración, interventoría y supervisión”.

En Guamo compraron carro de basuras y lo guardaron

Con recursos del Plan Departamental de Aguas se adquirió un vehículo compactador de basuras por $660 millones, el cual fue entregado al municipio en octubre de 2022.

Pasados 10 meses el carro se entregó a través de comodato a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio, sin embargo, hasta octubre de 2023 no había sido puesto en servicio de la comunidad y la recolección de basuras seguía a cargo de un privado.

En medio de la indagación, la Alcaldía de Guamo le explicó a la CGR que se debía establecer un plan de acción para que el municipio volviera a prestar el servicio de recolección de residuos, trámite que incluye la socialización con la comunidad y autoridades locales.

Además, se procedió a evaluar los costos de operación para definir las tarifas definitivas. De la misma manera, la administración municipal aclaró que este tema debe contar con el aval de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA.

“Esta retoma se hará de manera escalonada y progresivamente, ya que en la actualidad está prestando este servicio una empresa privada, y la desvinculación de los usuarios queda en firme luego de dos meses de haberse efectuado los correspondientes trámites posteriores al preaviso”.

Por su parte, la Edat le respondió a la CGR que supervisó e intervino en el proceso de acuerdo con sus competencias.

Una vez la Contraloría revisó las respuestas de las entidades, determinó que se mantenía el hallazgo por más de $600 millones.