El mapa del terror del paramilitarismo en el Tolima

El informe del Centro de Memoría Historia revela los graves daños ocasionados por el Bloque Tolima y el Frente Omar Isaza (FOI) a la población civil del departamento. Sus alianzas con el poder político y económico, y las grandes dificultades para la no repetición.

El 15 de septiembre de 2001, un grupo de paramilitares irrumpió violentamente en el corregimiento de Frías, en Falán. Esa noche, día del amor y la amistad,  mataron a nueve personas en un billar y se llevaron a dos hombres a quienes torturaron en la vía que conduce a Mariquita. El camino de la muerte terminó en el cruce de San Pedro, en donde asesinaron a otras dos personas.

La “masacre de Frías” se le atribuye al Frente Omar Isaza, (FOI), perteneciente a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). En su registro criminal se cuentan los asesinatos colectivos de “cazadores”, 11 víctimas; “pescadores”, 7 víctimas; “La Parroquia”, 8 víctimas, y 34 masacres más, perpetuadas entre el oriente de Caldas y el norte del Tolima.

En el centro y sur del departamento, el Bloque Tolima no se quedó atrás en el umbral del terror. Se le atribuyen al menos 21 masacres, en las que fueron asesinadas casi un centenar de personas: 77 hombres, 9 mujeres y 2 menores de edad.

Mientras estuvieron en la guerra, la justificación de los paramilitares para atacar a la población civil siempre fue la misma: “auxiliadores de la guerrilla”, “ladrones”, “drogadictos”, “prostitutas”, “indeseables”.

No obstante, en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, construidos con base en los testimonios de ellos mismos, durante su proceso de desmovilización, queda claro que se trató de una estrategia de terror, cuyo objetivo era hacerse con el control de territorios estratégicos, ya sea por su potencial económico (hidrocarburos, extorsión o microtráfico) o por la presencia esporádica de la guerrilla en esas zonas.

El objetivo de los paramilitares, financiados por hacendados víctimas de la extorsión de las Farc y el ELN, algunas veces con el apoyo de la Fuerza Pública, era contener el avance de las guerrillas. Sin embargo, sus expresiones de terror nunca se dirigieron contra los combatientes, las víctimas siempre fueron personas desarmadas.

Una estrategia estatal de contrainsurgencia

Desde sus orígenes, ambas expresiones paramilitares tuvieron importantes conexiones con el Estado, a través de sus agentes civiles y militares. Varios alcaldes, dos representantes a la Cámara y un senador, fueron procesados por “parapolítica”, concretamente, porque ganaron elecciones gracias a los votos que les pusieron los paramilitares.

Mientras que en el caso de las Fuerzas Militares de Colombia, los dos informes dejan ver las íntimas relaciones de colaboración que la Policía y el Ejército tuvieron con los paramilitares. Ya sea porque omitían su función constitucional de proteger a la población - la policía no hacía nada frente a los crímenes y el control social que ejercían los “paras” en los municipios - o porque operaban conjuntamente con ellos,

En el caso del Ejército, particularmente el informe “De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC)”, muestra que existió una política oficial de connivencia con los paramilitares, los cuales contaron con entrenamiento y armamento para enfrentar a la guerrilla.

Por su parte, en “Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”, el segundo informe del CNMH, se afirma que el por entonces Senador, Alberto Santofimio, tuvo que interceder ante los jefes paramilitares para que no asesinaran a los militantes del partido Unión Patriótica. Fiscales, policías, concejales y alcaldes, hacían parte de la nómina del clan.

El panorama de las víctimas

Las víctimas han sufrido la revictimización y la indiferencia. La Ley de Justicia y Paz a través de la cual se desmovilizaron los paramilitares, no les garantizó la reparación efectiva, y tampoco la no repetición.

De acuerdo con el Centro de Estudios Regionales, las desmovilizaciones de las estructuras paramilitares fueron más una puesta en escena, se rearmaron varias estructuras que siguieron delinquiendo y las cifras de violencia no descendieron, especialmente en el sur del Tolima.

Lo mínimo que podían hacer las autoridades, que es la solicitud de disculpas públicas, se ha hecho de mala gana, como en el caso de Frías, en donde la placa conmemorativa de los hechso ni siquiera fue consultada con las víctimas.

La Ley 1448 de 2011 no da abasto, y hoy por hoy, las víctimas del paramilitarismo continúan sin reconocimiento, sin reparación y sin las debidas garantías para la no repetición.

“Solidaridad, es lo único que podemos esperar”, dijo doña Luz Mary Gómez, sobreviviente del terror del FOI, en el conversatorio organizado con ocasión de la presentación del informe.

*Andrés Tafur Villarreal, director de Estudios Regionales