El listado de irregularidades en el hospital del Líbano sigue creciendo
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La intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud, al hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano sigue revelando más irregularidades. Las malas decisiones administrativas pusieron en riesgo más de $2.000 millones provenientes del Sistema General de Regalías, SGP.
Hace dos meses la Superintendencia informó que en la entidad se detectaron más de 31 irregularidades relacionadas con deficiencias administrativas, presupuestales, de contratación y reportes financieros. (Ver más: Revelan irregularidades encontradas en el hospital del Líbano)
EL OLFATO conoció que el 13 de octubre de 2023 bajo la administración de José Jaime González, sin tener el respaldo presupuestal, se licitó un contrato por $2.498 millones para comprar una licencia de software e implementar un sistema de información en las áreas asistenciales, administrativas y financieras.
Sin embargo, tras una exhaustiva revisión y ser asesorada por la Secretaría de Planeación del Tolima, la agente interventora Nelly Belén Arsuza revocó el proceso, porque se estaba fallando en el principio de planeación. Este hecho fue trasladado a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General.
Asimismo, quedó en evidencia que la ejecución de una intervención para el suministro de ascensores que ascendió a $601 millones no contó con el personal idóneo, pues al frente de la obra y la adquisición de suministros estaba un supervisor que desconocía el tema, ya que su profesión era la administración pública.
Igualmente, la Supersalud informó que la interventoría y supervisión quedaron bajo la responsabilidad de un funcionario del mismo hospital que tenía título de enfermero profesional, circunstancias que ha retrasado la ejecución de la obra.
‘Con el rival en casa’
La Superintendencia tiene bajo la lupa el contrato de arrendamiento con prórroga por 15 años que tiene el hospital con la empresa Meintegral. Dicha entidad opera en el ala norte del tercer piso de la institución, allí ocupa espacios médicos y administrativos.
En su portafolio están los servicios de cardiología, cuidados intensivos adulto, neonatal y pediátrico, cuidados intermedios, gastroenterología y farmacia, lo que en opinión de la Supersalud es un impedimento para que la institución amplíe su capacidad instalada y oferte sus propios servicios en beneficio de la comunidad.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General, con el fin de que se investigue el uso de un bien público para beneficiar a un tercero, a lo que se suma un detrimento, pues el privado está suministrando servicios que los puede entregar el hospital.
Pago de labores no ejecutadas
Los presuntos malos manejos se extendieron a la contratación, según indagación de la Supersalud en el hospital se pagaron $67 millones a personas que no hicieron ninguna tarea.
En el listado se tiene a seis técnicos administrativos, un conductor y un técnico al cual se le canceló desde abril hasta septiembre $21.989.376.
También, entre agosto y octubre de 2023, en el hospital se contrató una psicóloga por $8 millones, pero no hay evidencias de sus labores en septiembre y octubre. A pesar de ello, se pagó $2.678.000 por servicios no prestados en septiembre.
Recuperación de automotores
En medio del proceso de intervención administrativa se detectó que en los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, existían cuentas de cobro sin soporte, además 14 vehículos fuera de servicio o con fallas en su funcionamiento.
Dos de los vehículos eran ambulancias que lograron ser recuperadas y poner a disposición de la comunidad.
