El convenio que enreda fiscal y disciplinariamente a dos exsecretarios de la administración de Luis Carlos Delgado Peñón

La Contraloría General abrió investigación formal en contra de los exsecretarios departamentales de Hacienda y de Desarrollo Agropecuario Ángel María Gómez y Elkin Anselmo Olivero Polanía, respectivamente, por el presunto detrimento de $179 millones en la ejecución del convenio 1012 de 2014 suscrito con la Universidad del Tolima. 

El objeto del mismo era fortalecer la competitividad de la cadena piscícola del Tolima por valor de $1.200 millones con un aporte de $400 millones por parte de la alma máter. 

El ente de control estableció que la Gobernación del Tolima empleó y desvió recursos del sistema general de regalías para pagar la interventoría y personal de apoyo en un convenio carente de planeación, lo que conllevó al incumplimiento de los objetivos. 

Para la Contraloría, hubo una ineficiente gestión y control en el manejo de los dineros.  

El convenio fue liquidado por el exrector Herman Muñoz Ñungo y por muto acuerdo en junio de 2017, debido a los informes de la interventoría y la supervisión de no dar continuidad al proyecto. 

La interventoría estableció en el acta de liquidación que si bien la Universidad presentó un informe de actividades, no contenía los soportes que permitieran evidenciar la ejecución las mismas y las cuales podían ser adelantadas sin recursos al ser parte de las obligaciones asumidas por la alma máter. 

Falta de planeación 

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) emitió un informe en el cual dejó claro que las metas propuestas al momento de formularlas no se podían cumplir, pues se había establecido beneficiar a 4.600 piscicultores los cuales no existían en el Tolima y cuya población máxima con la cual se podía desarrollar el convenio era de 500 personas. 

De igual manera, se estableció la dotación y adecuación de equipos para la modernización de cinco plantas de beneficio de pescado, las cuales pertenecían al sector privado y por lo cual no era posible asignar recursos. Tampoco cumplían con la normatividad del INVIMA.

Además, se proyectó la producción de 4.500.000 de alevinos (cachama, tilapia y bocachico), pero debido a la mala formulación, se determinó que el predio ubicado en la granja Santo Domingo de la Universidad del Tolima carecía de las instalaciones adecuadas y disponibilidad de agua para llevar a cabo este proceso. 

Por esta razón, la Contraloría estableció un hallazgo disciplinario por la posible violación de los principios de la contratación estatal, ya que la Gobernación del Tolima omitió en los estudios previos el análisis completo sobre cada objetivo y actividad para el buen desarrollo del convenio. 

"Hubo una inadecuada planeación del presente proyecto, pues los estudios previos, técnicos de necesidad y oportunidad requeridos para desarrollar dicho proyecto no permitieron establecer la realidad que se requería para cumplir con los objetivos, lo que demuestra que la Gobernación del Tolima desatendió todos los lineamientos establecidos tanto en la Constitución Política como en el Estatuto de la Contratación Pública", advierte la Contraloría. 

La responsabilidad de los exsecretarios

El exsecretario de Hacienda Ángel María Gómez como ordenador del gasto suscribió el convenio y para el ente control omitió el adoptar medidas para garantizar la debida inversión de los recursos. 

De la misma manera, el exsecretario de Desarrollo Agropecuario Elkin Anselmo Oliveros, quien como ordenador del gasto suscribió el contrato de interventoría y aprobó las modificaciones al convenio. (Ver: ¿Procurador de Ibagué: bajo la lupa por su militancia política?)

Para la Contraloría, el nexo está dado porque como ordenadores del gasto fueron gestores fiscales directos, ostentando la competencia para adoptar las medidas de corrección o sanción y supervigilar la acción de todos los demás servidores públicos que intervinieron en la actividad administrativa al no cumplir con sus obligaciones. 

Y, finalmente, se vinculó a Mario Rivera Gaona como supervisor del convenio al haber incumplido con sus obligaciones y ese "probable descuido" conllevó a la no realización de los objetivos del convenio.