Contraloría detectó irregularidades en el acueducto de dos municipios del Tolima

El exgerente de la Empresa de Aguas del Tolima, Jhon Jairo Sánchez Escobar, deberá responder fiscalmente por presuntos sobrecostos y falencias en la ejecución de dos contratos en los municipios de Armero y El Espinal.

El presunto daño patrimonial es cercano a los $672 millones. La Contraloría General abrió procesos de responsabilidad fiscal por los contratos 128 de 2018 y 247 de 2014 cuyos objetos eran: la optimización del acueducto del municipio de Armero y, la consultoría para la elaboración de los diseños del colector norte de El Espinal.

El contrato 128 fue adjudicado por $10.225 millones con un plazo de ejecución de 10 meses, aunque continúa en ejecución. Según el ente de control, se pudo establecer sobrecostos administrativos y en el pago de la mano de obra por valor de $ 405 millones.

Según la Contraloría, el AIU los calculó el contratista en un 32.80 %, cuando debía ser sobre el 22,35%.

A corte de julio del año pasado, la ejecución de la obra si apenas llegaba al 55 %. Esto por debilidades e inconsistencias en los diseños realizados por la firma Contelac. Además, de la no obtención de los permisos ambientales ante la autoridad ambiental en el Tolima (Cortolima) que fueron otorgados en mayo del año pasado y lo correspondiente al Invías.

Sánchez Escobar adjudicó el contrato al único oferente Consorcio Acueducto TMS del cual hacen parte: Miguel Castillo Baute, Separco Inverconstrucciones, y Técnicas y Construcciones Civiles. 

La Contraloría concluye que hay una evidente falta de planeación y vigilancia tanto de la interventoría como del supervisor del contrato y por esto los vincula al proceso.

Es de resaltar, que la actual secretaria de Infraestructura del Tolima, Claudia Paola Muñoz Barreto, fungió como supervisora de este contrato desde el 6 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019.

Consultoría en el Espinal

Por otra parte, el contrato 247 de 2014 cuyo objeto era contratar la consultoría para complementar los estudios para la construcción del colector Norte en el Espinal, generaría una pérdida de recursos por la suma de $259 millones.

La Alcaldía del Espinal asumió la entrega de los diseños, los cuales quedaron mal formulados. Por esta razón, se contrató el complemento de los estudios, los cuales, según el órgano del control, no fueron entregados en las condiciones contratadas y con las cantidades corregidas.

Este contrato, que se liquidó a finales de 2015, fue recibido a satisfacción por parte de la interventoría y la supervisión sin que se detallara qué se ejecutó, sin la descripción detallada de cada actividad, sin registrar las modificaciones, sin los costos unitarios y generales, sin las unidades de medida, sin las cantidades ejecutadas, sin la verificación de la calidad o cumplimiento de normas y especificaciones o requerimientos del Ministerio de Vivienda y Findeter, la justificación del valor pagado por cada actividad realizada, entre otros ítems.

Según la certificación expedida el pasado 29 de mayo por el director de Gestión de Riesgo de Findeter “el proyecto no se ejecutó debido a falencias en los diseños que impedían su construcción, las cuales no fueron ajustadas por la Alcaldía Municipal de El Espinal, entidad estructuradora del proyecto y quien era la responsable de la realización de los ajustes.

Hay que recordar que el contrato fue adjudicado por el exalcalde del Espinal Orlando Durán Falla a Diego Cataño Muriel, ambos vinculados al proceso de responsabilidad fiscal.

En cuanto a Sánchez se le reprocha su falta de acompañamiento, pues “tenía la obligación de prestar apoyo financiero y total en la ejecución de los proyectos del sector agua potable y saneamiento básico, apoyo o asistencia que no ejerció en el proyecto del Colector Norte”, concluyó el órgano de control.