Contraloría abrió tres procesos de responsabilidad fiscal contra el gobernador Orozco por más de $2.000 millones

La Contraloría General de la República abrió tres procesos de responsabilidad fiscal contra el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, por presuntos sobrecostos en dos contratos de kits alimentarios y de aseo y por sobrecostos e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación para el tema del COVID-19. (Ver: Contraloría investiga a la Gobernación del Tolima por posibles sobrecostos en dos contratos para kits alimenticios)

Según el ente de control fiscal, el presunto detrimento patrimonial se calcula fue de $2.121 millones.

El primer proceso de responsabilidad fiscal que enfrenta Orozoco, por $1.151 millones, se origina en la ejecución del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020, por $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa Sierra Pineda S.A.S., cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio en la población más vulnerable del departamento.

“Los sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del Dane (Sistema SIPSA) de $4.002.515.000 y el precio de compra del contrato de $5.154.077.411 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros)”, explicó el ente de control fiscal.

El segundo proceso está relacionado por un presunto detrimento de $827.533.223 en el contrato N°0531 del 1 de abril de 2020, por $5.000 millones, celebrado entre la gobernación del Tolima y la empresa Enred Group S.A.S., y cuyo objeto fue la compra de otros 50.000 kits alimentarios y de aseo.

“El presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del Dane (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos como estampillas departamentales y póliza)”, detalló la CGR.

Y el último hecho tiene que ver con el contrato 493 de 2020, suscrito con la firma León Gráficas S.A.S, y que tenía por objeto la prestación de servicios para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020”. En este caso, el posible detrimento se estima en $143 millones. (Ver: Lo que se desconocía de los $16.000 millones en contratos que entregó la Gobernación del Tolima por la emergencia del coronavirus)

“La labor desplegada por el contratista puede ser calificada como una mera intermediación consistente en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello”, subrayó.

Sin embargo, la Gobernación del Tolima decidió tercerizar y reconocerle mayores valores al contratista que oscilan entre el 38 y el 55 % y no se encuentran justificados. (Ver: Contralor General asume investigación por contrato de publicidad adjudicado por la Gobernación del Tolima en la emergencia sanitaria)

Asimismo, la Contraloría encontró probado que en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura de Orozco y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID 19. Entre otras cosas, se verificó que en algunas cuñas que duraban un minuto, en las cuales se mencionaba al Gobernador con nombre propio en al menos tres ocasiones.