Constructora de condomio de lujo en Carmen de Apicalá niega su vinculación al escándalo del IGAC

La Constructora El Poblado negó que estuviera involucrada en el escándalo de corrupción que vincula a varios funcionarios del Instituto Agustín Codazzi y Cortolima en el favorecimiento de trámites y obtención de licencias para la urbanización de predios en el Tolima. 

Según la empresa, es cierto que se contrató personal para que ayudara a subsanar los requisitos exigidos por Cortolima para la obtención de la licencia ambiental que terminó por dar viabilidad a la construcción del proyecto Villa del Mar en Carmen de Apicalá.

No obstante, aseguró, se actuó bajo el principio de buena fe, por lo que no se le puede responsabilizar de las faltas que le imputó la Fiscalía a los funcionarios de la autoridad ambiental. (Ver: Funcionarios capturados del IGAC y Cortolima habrían favorecido a constructora en condominio de lujo en Carmen de Apicalá)

De acuerdo con la Fiscalía, Fernando José Alcántara y Óscar Fernando Cardoso Osuna (ambos funcionarios de Cortolima), habrían solicitado pagos irregulares a la Constructora El Poblado para asesorarla en la obtención de los permisos ambientales.

"El Poblado S.A. contrató de buena fe a un consultor en Ibagué para hacer estudios tendientes a subsanar aspectos técnicos requeridos por Cortolima, sobre permisos ambientales que se surten ante dicha entidad desde el año 2017. Este consultor resultó siendo señalado por las autoridades como presunto líder de la supuesta red de corrupción sobre la que se investiga", precisó la Constructora a través de un comunicado. (Ver: Envían a prisión al Director del IGAC en el Tolima por favorecer a privados en construcciones irregulares)

De igual manera, advierte que ni la empresa ni sus empleados son responsables de los delitos de concierto para delinquir y ecocidio. 

"Ni la Constructora El Poblado S.A, que desarrolla actualmente la Reserva Campestre Villa del Mar, ubicada en el municipio de Carmen de Apicalá, ni sus empleados, son responsables de los delitos señalados por la Fiscalía General de la Nación, ni tampoco  hacen parte de la supuesta red de corrupción, como han publicado algunos medios de comunicación".

Y continuó: "Así lo demuestran estudios e información técnica y las licencias de urbanismo y construcción de obra civil otorgadas por la Secretaría de Planeación Municipal de Carmen de Apicalá, las cuales se encuentran vigentes y nos han permitido seguir adelante con el desarrollo del proyecto", indicó el comunicado.

La Fiscalía vinculó a la investigación a cuatro empleados de la constructora, a quienes se les otorgó el beneficio de libertad en la audiencia de legalización de captura, aunque continuarán vinculados a la investigación. 

Según la Constructora, esto demostraría que "no existe un concierto para delinquir" y sobre el cargo de ecocidio se probará que tampoco se incurrió en dicho delito.

Al respecto, el ente investigador señaló que la empresa habría secado una fuente de agua en la construcción del megaproyecto. 

"Antes del desarrollo de la reserva campestre Villa del Mar, se realizaron inventarios ambientales, estudios técnicos y sondeos al suelo, que nos permitieron identificar un cuerpo de agua que fue incluido dentro de la conceptualización del proyecto, como uno de sus atractivos, el cual hemos preservado en cumplimiento de nuestra política de respeto al medio ambiente", controvirtió la Constructora. 

De igual manera, explicó que los dineros de los inversionistas se mantendrán, pese a la investigación penal en curso. 

"La inversión que nuestros clientes han hecho en Villa del Mar está absolutamente segura, y lo seguirá estando porque el proyecto continúa su etapa constructiva, sin restricción alguna, y no debe tener ningún impacto por la investigación que adelantan las autoridades, que con plena certeza se resolverá a nuestro favor", concluyó el comunicado.