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Procuraduría formuló cargos al exalcalde de San Luis por aparente 'contratación a dedo' en 2015

El Ministerio Público calificó la conducta de Guillermo Ignacio Alvira Estrada a título de culpa gravísima.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué

La Procuraduría Provincial de Ibagué formuló cargos en contra del exalcalde de San Luis Guillermo Ignacio Alvira Estrada y a los exsecretarios de Gobierno y Planeación Javier Quitian Romero y Yamile Florez por la suscripción de tres convenios y de un contrato de obra en 2015. 

El primer convenio de cooperación fue firmado en junio de 2015 con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio, para la compra de dos vehículos tipo cisterna por valor de $550 millones.

El Ministerio Público determinó que en este proceso se "violaron todas las normas de contratación", ya que por el valor del contrato el Municipio debió haber adelantado una licitación para la compra de los vehículos; posteriormente darlos en comodato al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que es una entidad privada sin ánimo de lucro.

De la misma manera, no se podía hablar de cooperación cuando el 100 % de los dineros fueron aportados por la Alcaldía de San Luis y no se halló el aporte del privado.

Además, el exalcalde puso en riesgo los dineros asignados al convenio, puesto que se entregó un anticipo del 50 % y no se encontró las pólizas de garantías.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría vincula a Quintian Romero, por haber participado en la elaboración de los estudios previos que dieron origen al convenio.

"Se indicó por parte suya que procedía la contratación directa a través de convenio de cooperación, cuando ello no era viable, pues acorde con la cuantía debía agotarse el proceso de la licitación pública", reza el documento. 

Segundo convenio

La Procuraduría Provincial también halló falencias en la celebración del convenio No. 11 del 22 de junio de 2015 con la Sociedad Tolimense de Ingenieros por la suma de $177.630.000.

El objetivo era llevar a cabo la pavimentación de las vías en el centro poblado de Payandé.

Se estableció que la administración a través de un otrosí entregó al contratista $60 millones equivalentes al 40 % del valor del convenio sin especificar a título de qué eran desembolsados los recursos.

Y se concluye que se puso en riesgo de pérdida los dineros con base a que no se constituyó la póliza de manejo del anticipo ni se dio el trámite establecido en la ley para la administración de los mismos. 

La Procuraduría detalló que no se halló documentación con respecto al contrato de interventoría y que como supervisora fue nombrada la secretaria de Planeación, Yamile Meneses Florez. 

Una intervención en el aire

El tercer convenio suscrito por el exalcalde fue con la Sociedad Tolimense de Ingenieros para la realización de mejoramientos de vivienda en zona rural y urbana por la suma de $875 millones.

Según se estableció no existe evidencia de los beneficiarios de los mejoramientos de vivienda ni a qué veredas o barrios del municipio se hicieron las intervenciones.

Se resalta que por estos hechos el Municipio sufrió una pérdida de recursos por la suma descrita. Además, por ser un contrato de obra pública debió haberse sacado a licitación.

Un contrato polémico

La Alcaldía de San Luis llevó a cabo una selección abreviada para contratar la pavimentación en concreto rígido de la calle 7 entre carreras Primera y Octava del municipio.

El valor del contrato fue de $1.908 millones y adjudicado al único oferente Manuel Ignacio Zárate Rojas.

Según la Procuraduría posiblemente se violaron los principios de selección objetiva y responsabilidad por cuanto el Alcalde, como ordenador del gasto, debió adjudicar el contrato a través de licitación pública, pues su cuantía era superior a los $180 millones.

De acuerdo el Ministerio Público esta modalidad de contratación se lleva a cabo cuando la licitación haya sido declarada desierta.

No obstante, la administración municipal se sustentó en dicha norma por haber revocado el proceso a través de una resolución. 

Es de destacar que la Secretaría de Planeación del Municipio presentó un documento en el que se certifica que la obra no había dado inicio porque la Alcaldía en su momento no planificó que se debía hacer el cambio de alcantarillado.

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