Procuraduría dice que consultas mineras afectarían economía nacional

La Procuraduría General de la Nación continúa con su oposición a que en los municipios del país se desarrollen consultas populares mineras. En un mensaje de alerta enviado al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el Ministerio Público advirtió que la realización de dichas iniciativas democráticas podría generar un "grave hueco fiscal" en las finanzas del país.

Esta advertencia de la Procuraduría también fue enviada al Grupo Asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Allí, el ente de control advierte que frenar la minería afectaría la economía del país en el mismo nivel que la baja en los precios del petróleo. (Ver: Procuraduría vuelve a arremeter contra las consultas mineras y hace advertencias a la Registraduría)

"De llevarse a cabo las consultas populares para prohibir las mencionadas actividades extractivas el impacto en las finanzas públicas sería aún mayor y la reforma tributaria estructural que el Gobierno Nacional adelanta pasaría a ser una simple reforma más para tapar el grave hueco fiscal", señaló la Procuraduría.

Y continúa el ente de control: "Con ocasión del fuerte descenso de los precios internacionales del petróleo y la alta reducción de la producción interna por los bloqueos a las empresas explotadoras y productoras de crudo, la economía nacional han sufrido una baja sensible afectando, entre otros aspectos, el recaudo por concepto de regalías".

Asimismo, el ente de control volvió a criticar que la consulta popular minera de Ibagué tenga un costo de $540 millones, suma que la Procuraduría considera exagerada. (Ver: Las “advertencias” de la Procuraduría a los promotores de consultas mineras en el Tolima)

"Se advierte además que cada consulta popular que se quieran realizar con el propósito de aprobar o no alguna de las formas de la industria extractiva en sus territorios, demanda una importante inversión de recursos públicos, como lo manifestó el propio registrador delegado en lo Electoral, quien señaló que para poner en marcha el mecanismo de participación ciudadana de la ciudad de Ibagué, se requirieron más de 540  millones de pesos", aseguró el ente de control.

Este fuerte pronunciamiento de la Procuraduría contrasta con el más reciente fallo de la Corte Constitucional que avala la realización de las consultas mineras y le entrega autonomía a los municipios para que puedan decidir sobre el uso de sus territorios. (Ver: Municipios sí pueden decidir sobre el uso del subsuelo: Corte Constitucional)

De igual modo, en el comunicado enviado por la Procuraduría se advierte que una de las preocupaciones del Grupo Asesor de Minas le teme a la posibilidad de que se generalicen las consultas mineras en el país: “¿Si estas decidieran convocar la consulta para decidir si aprueban o vetan la realización de la industria en sus territorios, hasta donde se afectaría el presupuesto nacional?”

Recordemos que actualmente la consulta minera de Ibagué se encuentra suspendida por orden del Consejo de Estado, hasta tanto no se resuelvan tutelas que buscan tumbar dicha iniciativa ambiental. Y, en el caso de Cajamarca, el Tribunal Administrativo del Tolima se encuentra estudiando la constitucionalidad de la pregunta que se le hará a los habitantes del Municipio con respecto a los megaproyectos mineros.