La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado a las entidades territoriales y distritales de salud a fortalecer con mayor celeridad los laboratorios de salud pública de su jurisdicción y, a realizar estricto control a la calidad de las pruebas de casos probables de COVID-19, para evitar retrasos en los procesos de análisis y confirmación de resultados. (Ver: Contraloría denunció a las secretarías de salud por no ser efectivas con el envío de las pruebas del coronavirus)

Durante una visita al Instituto Nacional de Salud (INS), el ente evidenció los incumplimientos por parte de las entidades territoriales de salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país, a los lineamientos del Ministerio de Salud sobre el rotulado, embalaje y traslado de las muestras al INS. (Ver: La UT no estará dentro de los primeros 22 nuevos laboratorios que diagnosticarán el COVID-19 en el país) 

Algunas no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso, presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave reproceso y la obligación de volver a tomarlas. (Ver: Deudas de la Gobernación con las clínicas de Ibagué dificultan atención ante emergencia por el coronavirus)

Cada muestra le cuesta al sistema $380.000 aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el trascurso de este reproceso se puedan producir. (Ver: Nuevo caso de COVID-19 en Ibagué, esta vez proveniente de Estados Unidos)

La Procuraduría encontró que, aunque las direcciones territoriales, a través de los laboratorios de salud pública, deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas y/o material biológico que garantice el traslado de las muestras oportunamente al INS, pese a la situación epidemiológica por la que atraviesa el país y la alerta sanitaria, no contarían con esos convenios. A la fecha solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.  (Ver: Gobernación inyectará $1.000 millones al Laboratorio de Salud Pública del Tolima para el diagnóstico del COVID-19)

Adicionalmente, se vendrían presentando demoras en la socialización del resultado por parte de las entidades territoriales de salud a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS - y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB-, lo que conllevaría a que los tratamientos médicos se dilaten de tal manera que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados con COVID-19, además de aumentar el riesgo de nuevos casos. (Ver: Gobernador anuncia convenio con la UT para adelantar pruebas de COVID-19 en Ibagué)

Rutas para el personal médico

Adicionalmente el Ministerio Público exhortó a los secretarios de salud departamentales, municipales y distritales a gestionar y cofinanciar la implementación inmediata de rutas de transporte para el personal médico asistencial que labora en Instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter público o privado, que garanticen su seguridad y la de los conductores, conforme a los protocolos existentes.

“Su operación dará un alivio a los profesionales de la salud, garantizará su movilidad, su seguridad personal y evitará el contacto y potencial contaminación hacia los ciudadanos que se movilizan en medios de transporte público”, sostuvo.