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Faltando menos de 10 días para terminar el periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Ibagué, la ausencia de un proyecto de acuerdo que permita regular el impacto negativo que tuvo en los contribuyentes Ibaguereños el proceso de actualización catastral urbana sigue siendo una mera expectativa, haciendo que los riesgos de que ocurra un nuevo ‘Predialazo’ versión 2020 se conviertan en una realidad.
Desde el mes de septiembre de 2018, cuando aún oficiábamos como concejal de este Municipio, lo advertimos y poco o nada de atención se prestó por parte de la Administración Municipal a la proposición que radicamos y expusimos ante la plenaria de la Corporación en sesión que contó con la presencia de representantes de los gremios económicos, Fenalco y la Cámara de Comercio de Ibagué, para dosificar y regular por estrato, usos y rangos de avalúos, las tarifas del Impuesto Predial Unificado (IPU) que actualmente se cobra en nuestra ciudad y conceder alivios tributarios por su pago oportuno.
Ahora será precisamente esa ‘Espinosa’ posición negativa asumida con desdén y altivez por el titular de la Secretaría de Hacienda, la que tendrá que ser rectificada por esa misma persona quien junto con el señor alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, tendrán la gran responsabilidad con la ciudad y los Ibaguereños de presentar el proyecto de acuerdo que evite una nueva movilización social.
Justificaciones muchas, una que no sobra nuevamente recordar: En referencia a las tarifas de IPU cobradas en Colombia a inmuebles urbanos de uso residencial, Ibagué es la ciudad que inicia con el rango más alto, 7.5 por mil del avalúo, pese a que el artículo 4 de la Ley 44 de 1990, modificado por el Articulo 23 de la Ley 1450 de 2011, establece los criterios para el establecimiento de las tarifas del impuesto predial unificado, la cual oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo.
A lo anterior se suma el hecho que los nuevos avalúos catastrales provenientes de la actualización, la cual no se realizaba desde el año 2009, afectaron de manera desproporcionada el patrimonio de los contribuyentes del impuesto predial unificado ante los incrementos que en múltiples casos fueron del 100 %, 200 % y hasta más del 500 %, teniendo en cuenta que la base gravable para la liquidación del IPU es el avalúo catastral del respectivo inmueble, lo que impidió que muchos contribuyentes pudieran cumplir con el pago de esta obligación tributaria.
Como si todo esto no fuera suficiente conviene resaltar que en lo que respecta a los rangos de tarifas de IPU para inmuebles con usos comerciales y/o industriales, Ibagué es también una de las ciudades que, junto con Cali y Barranquilla, inician con en el rango de cobro más alto: 10 por mil, con la gran diferencia que éstas últimas no presentan los altísimos índices de desempleo e informalidad como los que hoy se viven nuestra ciudad.
Se convierte un imperativo que antes de terminar la actual administración su mandato, se presente ante el cabildo ibaguereño un nuevo acuerdo que regule y dosifique las tarifas del impuesto predial unificado y garantice un cobro diferencial, justo, equitativo y progresivo a los contribuyentes, esto si realmente quiere, tributariamente, salir por la puerta de adelante.
