Presidente del Concejo de Ibagué sale en defensa de sus compañeros procesados por la Fiscalía
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El presidente del Concejo de Ibagué, Juan Pablo Salazar, se pronunció sobre la imputación de cargos que hará la Fiscalía 27 de la unidad de Administración Pública contra 14 concejales -todos suspendidos por la Procuraduría- y el candidato a la Alcaldía Camilo Delgado, quien hasta hace pocos meses ocupó una curul en el cabildo local.
La solicitud de imputación contra estas 15 personas se radicó en el Palacio de Justicia de Ibagué el pasado 23 de julio y la diligencia estará a cargo del Juez Octavo Penal Municipal con función de garantías. La fecha de la audiencia aún no se ha definido. (Ver: Fiscalía imputará a los concejales de Ibagué por el delito de prevaricato)
Los dirigentes locales tendrán que responder por el presunto delito de prevaricato, falta en la que habrían incurrido al ‘torcer’ las elecciones del Personero y el Contralor Municipal para el periodo 2016-2019, con el propósito de elegir personas cercanas al grupo político del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.
El concejal Salazar afirmó que sus compañeros de corporación tienen el derecho a la legítima defensa y que, mientras no exista una decisión judicial o disciplinaria, ellos podrán regresar a sesionar en octubre, cuando se cumplen los nueve meses de suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación.
“Si algo ‘anormal’ llega a suceder, pues seguimos los cinco corporados. Y si ya hay falta absoluta de los que están sancionados, ahí sí nos obliga la ley a llamar a los que siguen en la lista”, expresó el presidente del Concejo.
Los cabildantes procesados son: Ernesto Ortiz, Carlos Andrés Castro, Humberto Quintero, Víctor Hugo Gracia, Oswaldo Rubio, Marco Tulio Quiroga, Juan Ávila, William Rosas, Víctor Julio Ariza, Harol Lopera, Hasbledy Morales, William Santiago, Linda Perdomo y Jorge Bolívar.
Uno de ellos, el coronel retirado William Santiago dijo que no ha sido notificado por la Fiscalía, pero que continuará en su campaña al Concejo de Ibagué y que responderá en las instancias judiciales por las presuntas faltas que cometió durante la elección del Personero y el Contralor Municipal.
