Hurtado no pudo regresar al cargo a través de una acción de tutela y dice que eso vulnera los derechos del “pueblo ibaguereño”

El suspendido alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, emitió este mediodía un angustioso comunicado de prensa en el que se declaró víctima de la Procuraduría General de la Nación y de la Rama Judicial, pues no logró regresar al cargo a través de una acción de tutela que presentó con sus abogados. (Ver: Atención: Procuraduría suspende al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por participación en política)

Lo que sucede es que ningún juez ha querido asumir de fondo la tutela interpuesta por Hurtado y tampoco aceptaron la medida cautelar con la que pretendía reintegrarse al cargo. Esto, agregó, vulnera sus derechos y los “del pueblo ibaguereño”.

“Observo con profunda preocupación, la grave y continua vulneración de mis derechos fundamentales como ciudadano y servidor público elegido democráticamente, propiciado por la Procuraduría General de la Nación y ahora por los jueces de la República, quienes tienen a su cargo el deber legal y constitucional de restablecer mis garantías como funcionario del Estado y como ciudadano”, escribió.

Su equipo jurídico había presentado una acción de tutela “con medida cautelar de suspensión de la providencia de la Procuraduría, y en ejercicio de mis derechos fundamentales al debido proceso y al derecho político de permanecer en el cargo de alcalde de Ibagué, amparado en las decisiones tanto de las altas Cortes colombianas, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se revoque la lesiva medida de suspensión provisional”, pero no tuvo éxito. (Ver: “Durante este tiempo de suspensión seguiremos trabajando incansablemente por todos ustedes”: Andrés Hurtado)

La misma suerte corrió el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien fue separado del cargo por promover desde su administración la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Hoy, ocho (8) días después de haber ejercido esa acción constitucional, los jueces no se han puesto de acuerdo en la competencia para conocer de mi tutela, la cual se ha “paseado” o, como se dice vulgarmente, “pinponeado”. En efecto, mi solicitud llegó inicialmente al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá; luego pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y después al Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, quien finalmente remitió mi acción a la Corte Constitucional para que dirima un posible conflicto negativo de competencias, trámite que puede tardar más de dos (2) meses, vulnerando el término constitucional de 10 días que establece el artículo 86 de nuestra Carta Política, y haciendo inocua la acción de tutela, pues para esa época ya se habrá cumplido el término de la suspensión provisional”, relató.

En la práctica, Hurtado tendría que permanecer por fuera del cargo los casi tres meses que ordenó la Procuraduría como medida provisional.

“Por tal motivo, retiraré la acción de tutela para presentarla nuevamente ante el Consejo de Estado, para sea esta Alta Corte quien ampare mis garantías fundamentales al debido proceso y a permanecer en el cargo público, como expresión de mis derechos políticos”, insistió.

Sobre la actuación de la Procuraduría, afirmó que su equipo jurídico, que antes se despreocupaba de las audiencias judiciales por los ‘piques ilegales, ahora sí busca afanosamente que se le reconozca dentro del proceso.

“La Procuraduría General de la Nación no me ha permitido ejercer en debida forma mi derecho a la defensa, pues a la fecha no le ha sido reconocida personería jurídica a mi abogado de confianza a pesar de que el poder por mi conferido se allegó a la procuraduría desde el pasado 16 de marzo. Pero como si lo anterior fuera poco, tampoco se nos ha permitido el acceso al expediente disciplinario y, peor aún, no se nos ha dado traslado de la medida de suspensión provisional para exponer nuestros argumentos para pedir la revocatoria de la medida ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de los elegidos popularmente, cuando la norma disciplinaria indica que se debe hacer de manera inmediata”, expresó

Concluyó diciendo que siente “decepción” porque en un Estado de Derecho como el colombiano “no se me permita el acceso a la administración de justicia en detrimento, no solamente de mis garantías fundamentales, sino en desmedro de la voluntad popular del pueblo de Ibagué que exige que lo gobierne un alcalde elegido democráticamente”.