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Esta semana, una revelación ha sacudido la opinión pública en Ibagué: Isabella Buendía, hija de la alcaldesa Johana Aranda, mantiene o mantuvo una relación sentimental con Sebastián Castaño, hijo de Oswaldo Castaño, un contratista capturado por presuntos vínculos con la organización criminal Clan del Golfo.
EL OLFATO ha mantenido una línea editorial de no involucrar a personas ajenas a la esfera pública en sus investigaciones. Sin embargo, este caso trasciende lo privado, pues pone en evidencia cómo los vínculos personales y familiares se entrelazan con el poder político y la contratación pública en la capital tolimense.
Oswaldo Castaño no es un desconocido en los pasillos del poder local. Su empresa de seguridad privada, SARA LTDA, obtuvo contratos que superan los $1.670 millones en la administración del exalcalde Andrés Hurtado. Su esposa, Omaira Méndez Losada, es funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el Tolima. Un cruce de relaciones que plantea interrogantes inevitables sobre la transparencia en la gestión municipal y la independencia de la justicia en el departamento.
Antes de abordar su viaje a China, la alcaldesa Johana Aranda debería responder algunas preguntas fundamentales:
- ¿Tuvo injerencia en la adjudicación de contratos en la Unidad de Salud de Ibagué (USI) cuando fue secretaria de Salud, beneficiando a la empresa de seguridad de los Castaño Méndez?
- ¿Desempeñó algún papel en la desaparición de la denuncia del excandidato Jorge Bolívar sobre presuntos delitos electorales, considerando que la madre de su yerno trabaja en la Fiscalía?
- ¿Ha utilizado su relación con su consuegra para conocer información sobre procesos contra su mentor político Andrés Hurtado y su círculo cercano?
Estas relaciones personales, políticas y económicas generan un inevitable manto de duda en una ciudad que, por décadas, ha sido saqueada y hundida en la impunidad. Mientras los procesos judiciales contra los poderosos se archivan o se dilatan en los despachos de la Fiscalía Seccional Tolima, las denuncias de la alcaldesa contra la prensa crítica avanzan con sorprendente agilidad.
Doctora Aranda, los ciudadanos de Ibagué merecen respuestas. Aunque, conociendo el libreto, es probable que en lugar de explicaciones, lo próximo que recibamos sea otra denuncia penal.
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