El castigo por lo que nos han Hurtado

A los habitantes de Ibagué no solo nos arrebataron durante cuatro años el presupuesto municipal que debía fortalecer la economía local; también nos quitaron desarrollo, oportunidades y progreso. La ciudad perdió tiempo valioso, y el tiempo, en política pública, es irrecuperable.

El estancamiento en infraestructura y la debilidad del crecimiento económico no son producto del azar. Tienen origen en la ambición desbordada de mandatarios que priorizan la construcción de su patrimonio personal por encima de la transformación colectiva. Mientras Ibagué esperaba obras estratégicas y una visión de largo plazo, lo que avanzó fue el proyecto individual de poder.

Este editorial ha sido claro y directo desde siempre. No estamos para repetir lugares comunes ni para maquillar la realidad. Decimos lo que otros prefieren callar.

Es un secreto a voces que Andrés Hurtado se convirtió en el alcalde más acaudalado que ha pasado por la Administración Municipal. Llegó al cargo con apenas un parqueadero en un centro comercial del centro de la ciudad y salió con una residencia cercana a los $5.000 millones, una flota de vehículos de alta gama y capital suficiente para financiar sus negocios privados y sus proyectos políticos. Esa transformación patrimonial no puede ser un tema prohibido en el debate público.

También es sabido que su fortuna le ha permitido moverse con tranquilidad en los escenarios judiciales. En el Palacio de Justicia cuenta con relaciones cercanas en los despachos donde se tramitan sus procesos. Las investigaciones en la Fiscalía Seccional Tolima no parecen inquietarlo, en un entorno donde tendría influencia y cercanías estratégicas.

Recientemente fue sancionado por la Procuraduría, pero muchos anticipan que ese expediente podría diluirse en el camino. La Procuraduría es, en esencia, un tribunal político, y su cercanía con figuras de poder como Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, refuerza la percepción de que el desenlace podría favorecerlo.

Frente a este panorama surge una pregunta inevitable: ¿qué pueden hacer los ciudadanos que están cansados del abuso y del control político concentrado en un mismo grupo?

El exalcalde participa activamente en la campaña a la Cámara de Representantes de su hermana, Carolina Hurtado. Su propósito es evidente: extender su influencia y consolidar un poder regional que no terminó con la Alcaldía. No es solo una candidatura; es la continuidad de un proyecto político personal.

Hurtado ha demostrado que no reconoce límites cuando se trata de acumular poder. Su ambición lo llevó incluso a apropiarse del Partido de la U, organización a la que llegó de la mano de Jaime Yepes y Yully Porras, antiguos aliados que hoy observan cómo el capital político que construyeron terminó bajo otro control.

Por eso, si usted es un ciudadano independiente, no depende de la burocracia local y quiere ponerle freno a ese modelo, la herramienta es el voto. En la contienda hay 36 candidatos a la Cámara. Cualquiera puede ser opción, menos la hermana del alcalde más cuestionado en la historia reciente de Ibagué.

Si la participación es alta y la ciudadanía decide salir masivamente a votar, el cálculo político cambia. El poder concentrado depende del abstencionismo y de la apatía. Cuando la gente participa, las maquinarias pierden eficacia.

No basta con la indignación en la sala de la casa, en el café o en redes sociales. La democracia exige acción. Revise las hojas de vida, analice trayectorias, evalúe antecedentes y vote con criterio.

Respaldar a Carolina Hurtado es, en la práctica, premiar al ingeniero de las obras fallidas, de las licitaciones cuestionadas y del presunto engranaje de un carrusel de infraestructura que marcó a la ciudad.

Existen buenos candidatos. Infórmese y vote.

Adenda

También corresponde evaluar el desempeño de los actuales representantes conservadores: Gerardo Yepes, Delcy Isaza y Alejandro Martínez. Su paso por el Congreso ha sido discreto y poco productivo para el Tolima. Más que ejercer control político o impulsar agendas regionales sólidas, su gestión se percibió como complaciente con el gobierno de Gustavo Petro.

En el Tolima mantienen un discurso antipetrista, pero en Bogotá han privilegiado acuerdos y conveniencias. La coherencia entre discurso y actuación es una obligación ética. Y cuando esa coherencia no existe, el voto se convierte en la única forma de exigir responsabilidad.

La decisión está en manos de los ciudadanos. El castigo por lo que nos han Hurtado no lo impondrá un tribunal. Lo impondrán las urnas.