“Si el Tribunal tumba el Acuerdo, el Gobernador sería un cadáver político viviente”: Wilson Leal
Tras la decisión del gobernador del Tolima, Óscar Barreto, de enviar al Tribunal Administrativo el Acuerdo aprobado por el Concejo de Ibagué, que redujo la tarifa del impuesto predial al 3 % para el año 2018, EL OLFATO dialogó con el abogado Wilson Leal, vocero del comité que se conformó tras los desmesurados cobros del tributo. (Ver: Acuerdo que tumbó exagerados cobros del predial fue enviado al Tribunal Administrativo del Tolima)
Leal arremetió contra Barreto y manifestó que si el Tribunal tumba el Acuerdo, el mandatario se convertirá en un ‘cadáver político viviente’. Asimismo explicó que los contribuyentes que ya cancelaron el impuesto no deberán pagar costos adicionales y que defenderá la legalidad de la iniciativa que respaldaron miles de ibaguereños en la calles de la ciudad.
La Gobernación dice que el Acuerdo aprobado por el Concejo tiene buenas intenciones pero es ilegal e inconstitucional, ¿usted qué opina?
Pienso que lo cuestionable es que no tenga contexto la posición de la Gobernación para saber de dónde resultó ese ejercicio, cómo se construyó y además cuáles fueron los principios constitucionales que nos motivaron. En el fondo de esa discusión están los principios de equidad y progresividad del tributo. De tal manera que quienes defendemos la legalidad del proyecto vamos a presentarnos con esa argumentación al Tribunal.
¿Cuánto tiempo tendrá el Tribunal para emitir su concepto?
Entre tres a cuatro meses.
¿Cómo quedarían las cosas si el Tribunal tumba el Acuerdo?
Si el Tribunal llega a tumbar el Acuerdo, el señor Gobernador sería un cadáver político viviente, eso es lo que yo pienso en el escenario de la realidad. En el tema jurídico, existen las posibilidades, sin embargo, nosotros estamos convencidos de la legalidad del proyecto que el debate final lo establecerá.
¿Volverían los desmesurados incrementos?
Pienso que sí hacia futuro. Las situaciones jurídicas que ya estén consolidadas no podrán ser afectadas. De llegarse a dar, quienes no tengan situaciones jurídicas consolidadas verán afectada su situación patrimonial con relación al pago del tributo.
Eso quiere decir que los contribuyentes que ya cancelaron el impuesto no tendrán que pagar adiciones...
Así es, quien pagó válidamente no puede ser objeto de ningún tipo de reclamación por parte de la administración municipal. Esas situaciones jurídicas, en la medida en que estén consolidadas, no pueden ser afectadas.
¿El Acuerdo sigue vigente y por ende la nueva facturación?
Evidentemente el Acuerdo está vigente y produciendo efecto. De tal manera que yo avizoro que ni siquiera hasta el vencimiento del segundo plazo de descuentos (30 de junio) estaría afectada la estabilidad de la iniciativa.
Si el Tribunal le da viabilidad a la tesis de la Gobernación, ¿cuál sería el costo político para el gobernador Barreto?
Francamente demoledor. No solo por llegar a una discusión que le es ajena (al Gobernador) sino por hacer oídos sordos a todo un proceso de construcción que llevó a la calle a 25.000 personas y que posibilitó un diálogo eficaz entre instancias de muy difícil interlocución. Cuando usted llega al final del ejercicio, no puede hacerse el sordo a la solución del problema.
¿Qué hubiera pasado si el Gobernador manifiesta su posición antes de las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo?
No me cabe la más mínima duda de que si lo hubiera hecho antes de las elecciones, el resultado no hubiera sido tan satisfactorio para sus huestes políticas.
Y ahora ¿qué van a hacer a través del colectivo que se conformó por los desmesurados cobros del predial?
Tenemos varias acciones que se están programando en este momento. En primer lugar se está organizando un ejercicio de veeduría al contrato de actualización catastral con el IGAC. En segundo término, se va a hacer una labor efectiva de representación judicial en el marco de la actuación del Tribunal Administrativo para defender la legalidad del Acuerdo. Asimismo hay una serie de medidas que serán implementadas con el comité técnico del 'no al predialazo' que se mantiene activo.